Jueves 18/10/2018.

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IU pide al juez de Púnica y Lezo que investigue la responsabilidad del PP en ambas tramas y que se impute a Aguirre

Dice que el partido podría haber incurrido en 6 delitos y quiere ser parte en la pieza por la financiación del PP de Madrid

Izquierda Unida, personada como acusación popular en el denominado 'caso Lezo' que investiga la trama de corrupción vinculada al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha solicitado este lunes al juez de la Audiencia Nacional que lo instruye, Manuel García Castellón, que se investigue como persona jurídica al Partido Popular tanto en este asunto como en la pieza de la otra trama corrupta, la denominada 'Púnica', que trata de aclarar la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Insisten en este escrito que también debería imputarse en ambas investigaciones a la expresidenta regional Esperanza Aguirre.

El escrito registrado especifica que cuando se produzca la comparecencia del PP deberá hacerlo a través del "representante legal que el partido así determine y apodere". Argumentan que la instrucción del 'caso Lezo' se ha aportado "nuevos indicios sobre la perpetración de nuevos delitos vinculados a la financiación del Partido Popular entre 2012 y 2013, en concreto la información remitida al Juzgado por parte de la empresa Indra", lo que hace pertinente las mencionadas citaciones.

El escrito apunta con claridad al magistrado instructor de la Audiencia Nacional que "resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos".

Por ello, el equipo jurídico de IU entiende que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 debe aplicar el artículo 31 bis del Código Penal -conforme a su nueva redacción tras la modificación de 2012- sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidos los partidos políticos, en este caso el PP, para luchar de forma efectiva contra la corrupción.

Para esta acusación popular "se sigue así la línea ya acogida también por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid y la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid para la imputación de delitos a un partido político, en este caso al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su ex tesorero y también querellado Luis Bárcenas".

Todo ello se ratifica, además, conociendo que "quien de manera directa ha podido realizar tales actuaciones" es el entonces secretario general del PP de Madrid y presidente de la Comunidad Autónoma madrileña (CAM), Ignacio González.

ENCUBRIMIENTO DE DELITOS POR EL PARTIDO

"A la par -apostilla el escrito-, este modo de actuar por parte del Partido Popular de Madrid debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que el PP se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u omisión". Esto es así, aseguran porque de los hechos objeto de investigación en esta causa "se desprende de forma indubitada que en el trasfondo de las actividades criminales que realizaba la organización criminal que comandaba Ignacio González, secretario general del PP de Madrid, se encontraba el propio Partido Popular".

IU entiende que los datos conocidos hasta ahora en esta causa apuntan a que este partido "aparece beneficiario directo de las actividades de la trama, por lo menos en lo concerniente al desvió de fondos al Partido Popular en los ejercicios 2012 y 2013, existiendo pocas dudas de la absoluta falta de control interno que hubiese podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de una institución pública como la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos de campaña".

Considera también que por lo avanzado en la investigación "el desvío de fondos desde ICM (agencia de informática d ella Comunidad de Madrid) e INDRA hacía el Partido Popular se realizó entre 2012 y 2013, es decir, una vez ya había entrado en vigor la reforma del Código Penal que permite la imputación de los partidos políticos".

IMPUTACIÓN TAMBIÉN DE AGUIRRE

Además, sobre la declaración en calidad de investigada de Esperanza Aguirre se apunta que la que fuera máxima responsable del PP en Madrid tenía "un perfecto conocimiento de la mayoría de las actuaciones supuestamente delictivas objeto de investigación en esta pieza separada y que consistían en desvíos de fondos hacia el Partido Popular para financiación del mismo u otros fines".

"No puede tampoco obviarse la responsabilidad que por razón de su puesto como presidenta de la Comunidad de Madrid, determinada en el Reglamento de Funcionamiento del Partido Popular en la Comunidad de Madrid vigente, según consta en su página web y que le otorga la máxima soberanía, ilustra el absoluto control y gestión que ha desarrollado dentro del partido político", indica el escrito de petición a la Audiencia Nacional.

Por otra parte, Izquierda Unida y el resto de formaciones y asociaciones solicitan también en el mismo escrito al juez García Castellón que les tenga por personados "como acusación popular en la Pieza Separada 14 de las Diligencias Previas de referencia marginal (85/2014)", más conocida como los hechos referentes a la financiación ilícita del Partido Popular dentro de la conocida como 'trama Púnica'.

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