Viernes 02/12/2016.

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IU e ICV proponen a Bono incluir en el orden del día de todos los plenos la renovaciones del TC y de otros órganos

Si tras cuatro sesiones quedan vacantes, apuestan por convocar una quinta indefinida hasta que se completen todos los nombramientos
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IU e ICV proponen a Bono incluir en el orden del día de todos los plenos la renovaciones del TC y de otros órganos IU e ICV proponen a Bono incluir en el orden del día de todos los plenos la renovaciones del TC y de otros órganos

Los diputados de Izquierda Unida (IU) y de Iniciativa per Catalunya (ICV) en el Congreso, Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura, han remitido una carta al presidente de la Cámara Baja, José Bono, en la que le proponen incluir en el orden del día de todos los plenos la renovación del Tribunal Constitucional y de otros órganos de control, como el Consejo de Administración de RTVE, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).

De esta forma ambas formaciones, que junto con ERC han animado al resto de las minorías a presentar sus propios candidatos para el TC, pretenden contribuir a desbloquear el relevo de los miembros del Alto Tribunal, pendiente desde noviembre del pasado año, y del resto de órganos de control estatal ante la "grave" situación que, a su juicio, está provocando la "obstinación partidista" de PSOE y PP.

"Es una espiral suicida porque quien hoy bloquea mañana puede ser el más interesado en desbloquear, mientras que el hoy bloqueado podrá caer en la tentación de ser el bloqueador mañana", resumen los parlamentarios.

A LA QUINTA VA LA VENCIDA

En su misiva, Llamazares y Buenaventura saludan que en la Junta de Portavoces del pasado martes Bono emplazase a los grupos parlamentarios, ya por séptima vez, a ponerse de acuerdo antes del 30 de junio sobre el nombre de los cuatro miembros del TC que corresponde elegir al Congreso.

Pero piden ir más allá y sugieren que, como medida de presión, si el plazo se cumple sin que los grupos mayoritarios hayan acordado los nombres, en las cuatro sesiones plenarias siguientes se incluya como punto en el orden del día la renovación de los integrantes del Alto Tribunal y de los órganos de control antes mencionados "hasta el momento en el que queden cubiertas las vacantes" dependientes de la Cámara Baja.

Es más, llegan a defender que en el caso de que en esos cuatro plenos no se consiga cubrir todos los puestos, la quinta sesión no se levante hasta que la Cámara cumpla con su obligación y complete todos los nombramientos que tiene pendientes. En concreto, plantean que esa sesión sólo se suspenda para "la comida, la cena y el desayuno".

Y es que cabe recordar que, además de designar a los nuevos miembros del TC, hay que renovar el puesto del Defensor del Pueblo, ocupado en funciones por María Luisa Cava de Llano desde junio de 2010; de seis de los 12 vocales del Tribunal de Cuentas, cuyo mandato expiró en noviembre pasado; de la mitad de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, cuyo relevo está pendiente desde el 15 de enero, y de los siete miembros del CEMA, cuya constitución acaba de activar el Gobierno.

PIDEN SENTIDO DE ESTADO

Aunque los representantes de IU e ICV subrayan que los que tienen mayor responsabilidad en esta situación "inaudita" son quienes "frenan" la renovación "con el propósito apenas velado de no perder cuotas de influencia", consideran que ésta se extiende al Congreso "en su conjunto" por "incumplir" sus obligaciones, "alterar" y "desvirtuar" la voluntad del poder constituyente.

"También somos conscientes de la gravedad de la presente crisis institucional, un hecho nuevo y preocupante en la historia de la democracia española, con grave perjuicio para el buen funcionamiento del Estado de Derecho y para la credibilidad de unas instituciones encargadas del control de legalidad y de la defensa de los derechos ciudadanos", añaden.

En este contexto, insisten en la necesidad de hacer de la renovación del TC y el resto de instituciones un objetivo "primordial" de la agenda parlamentaria y una "obligación" de los grupos políticos que, según concluyen, han de dar pruebas de su "responsabilidad" y "sentido de Estado".

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