Martes 06/12/2016.

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El Gobierno regula las subvenciones estatales para gastos en seguridad de los partidos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos.
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El Real Decreto viene a subsanar, según señala el Ejecutivo, la ausencia de una regulación reglamentaria de este tipo de subvenciones, que se crean mediante la Ley Orgánica de 10 de marzo de 2003, para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y para la seguridad de los concejales.

Así, ha desarrollado reglamentariamente la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos, de 4 de julio de 2007, que es la norma que actualmente las regula.

Recuerda el Ejecutivo la demanda formulada reiteradamente por el Tribunal de Cuentas, órgano encargado de la fiscalización de este tipo de subvenciones, para disponer de un reglamento específico que las regule en su integridad y permita mejorar el control de las mismas. Cita también la resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de 22 de mayo de 2010, que insiste en la necesidad de abordar el desarrollo reglamentario de estas subvenciones carentes de una normativa "ad hoc" desde el año 2003.

Se trata de un texto de naturaleza "esencialmente técnica" que recoge que "para ser beneficiario" se exige a los partidos políticos, federaciones y coaliciones "disponer de representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados". A instancias del Consejo de Estado, se ha incluido también a los electos presentados por agrupaciones de electores.

No contempla la cuantía de las subvenciones, cuya fijación corresponde anualmente a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y se distribuirá en función del número de escaños y votos obtenidos en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados.

Los gastos subvencionables irán dirigidos a la protección de las sedes (personal de seguridad y acondicionamiento), de las personas (escoltas y vehículos blindados), de la información (gastos informáticos de seguridad) y de los actos públicos y eventos. Se regula la documentación a presentar y la gestión de las subvenciones, que corresponderá a la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.

Se prevé, de forma exhaustiva, el control de las subvenciones por el Tribunal de Cuentas, por períodos anuales. Se señala la documentación a presentar justificativa del cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como la obligación especial de colaboración que incumbe a los partidos políticos a este respecto. Se prevé la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas pueda ordenar el reintegro de las subvenciones no justificadas o, incluso, aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica de 4 de julio de 2007, consistente básicamente en que no se libren estas subvenciones para futuros ejercicios.

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