Viernes 02/12/2016.

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Gobierno balear cree que la sentencia del TSJIB sobre el catalán es "una fotografía estática de un momento"

Reitera que cumplirán su compromiso electoral para que el catalán deje de ser un requisito
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El Gobierno balear ha considerado que la sentencia del TSJIB que avala que se exija el catalán en la administración "no deja de ser una fotografía estática de un momento concreto", por lo que ha reiterado su intención de modificar la normativa actual para que esta lengua deje de ser un requisito en el acceso a la administración y, de esta manera, se cumpla con uno de sus compromisos electorales.

Así se ha expresado el consejero de Administraciones Públicas, Simón Gornés, tras la reunión del Consell del Gobierno balear, donde también ha mostrado su "mayor respeto" hacia esta sentencia, si bien ha añadido que "tiene la importancia que tiene".

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo balear y consejero de Educación, Cultura y Universidades, Rafael Bosch, ha incidido en que las modificaciones que plantea el Gobierno balear serán "plenamente constitucionales, válidas y aplicables".

Además, ha recordado que en el acceso a la función pública docente "se mantendrán unos requisitos", por lo que el Ejecutivo planteará diferentes requisitos en los diferentes ámbitos de acceso. Así, ha indicado que el Govern "retocará" la Ley de Función Pública y los decretos que se deriven de ésta, por lo que las personas que no estén de acuerdo con éstas podrán presentar los recursos que consideren.

Cabe recordar que la sentencia del TSJIB declara conforme a derecho el Decreto aprobado por el Govern en 2008 que regula la exigencia de conocimientos del catalán en el acceso a la función pública, al considerar este requerimiento "plenamente constitucional" y aseverar que su eliminación supondría "un retroceso natural del proceso de normalización lingüística en que nos encontramos".

A lo largo de 34 páginas, rechaza uno a uno los argumentos que esgrimió el sindicato USO en el recurso que interpuso contra el Decreto 114/2008, de 17 de octubre, y en el que la entidad demandante alegaba la exigencia de estos conocimientos "quiebra el principio constitucional de igualdad" y pedía además que el Ejecutivo balear adecuase la normativa a los preceptos del Estatut d'Autonomia.

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