Viernes 09/12/2016.

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El Gobierno catalán alerta de una eventual ley electoral española que rebaje el peso del nacionalismo

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha considerado que la reforma constitucional entre PP y PSOE es un preludio de próximos acuerdos que impliquen una rebaja del peso de los nacionalismos periféricos en el Congreso, mediante una nueva ley electoral española.
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Por ello, Ortega ha preguntado, durante el debate que se ha hecho en el Parlamento catalán sobre la reforma constitucional, si los partidos catalanes darían apoyo "a una ley que limitase la pluralidad de la representación de Cataluña en el Congreso".

Las palabras de Ortega van en la línea del diagnóstico que a principios de semana hizo el ponente de la Constitución y ex dirigente de CiU Miquel Roca, quien advirtió de un eventual pacto entre populares y socialistas para mandar "a galeras" a los partidos nacionalistas.

Este acuerdo implicaría, según Ortega, "ahogar aún más --a Cataluña-- con una voluntad uniformista", y ha indicado que ante la reforma constitucional, lo más idóneo hubiese sido que fuese refrendada por la ciudadanía.

El debate sobre la reforma constitucional se produce pese al intento de bloqueo que ha hecho SI: esta sesión fue posible porque lo posibilitaron las firmas de 27 diputados, lo que suman ERC, ICV-EUiA y el grupo mixto, pero a última hora SI ha retirado sus firmas, pidiendo no hacer el debate ya que llega tarde, cuando la reforma ya la han aprobado las Cortes, aunque finalmente la mesa del Parlamento catalán ha mantenido el calendario previsto y se ha celebrado el pleno.

En el debate, los portavoces de los partidos políticos han repetido las posturas que durante el último mes ya habían evidenciado sobre este tema.

Como era previsible, el Gobierno catalán y CiU han lamentado que la reforma se haya hecho de espaldas a Cataluña, junto con ICV-EUiA, ERC, C's y SI, mientras que PP y PSC se han quedado solos en su defensa, indicando que no se puede decir que Cataluña se opone a la reforma puesto que el 70% de los diputados catalanes en el Congreso han votado a favor.

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