Viernes 09/12/2016.

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El Gobierno aprueba con un Decreto Ley la edad de jubilación de la Policía, actualmente en discusión en el Senado

El PP propuso el martes incluir la edad de jubilación a los 64 en el proyecto de Ley de Derechos y Deberes de la Policía
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy por medio de un Real Decreto Ley establecer la posibilidad de permanencia en el servicio activo de la Policía hasta la edad de jubilación a los 65 años. De este modo, el Gobierno zanja una cuestión debatida durante meses en el Congreso de los Diputados en el marco del proyecto de ley de Régimen de Personal de la Policía, que ya se encontraba en trámite de enmiendas en el Senado.

En concreto, la Cámara alta decidió el pasado martes ampliar al día 19 el plazo de presentación de enmiendas tanto al proyecto de ley de Régimen de Personal como al proyecto de Ley orgánica de Derechos y Deberes del Cuerpo Nacional de la Policía. Es por ello que entre algunos sectores de la Policía consultados por Europa Press ha sorprendido esta "repentina" aprobación de la edad de jubilación por medio de un Real Decreto Ley sin esperar al término del trámite parlamentario.

En declaraciones a Europa Press el senador del PP Luis Peral, ha achacado esta decisión del Consejo de Ministros a que presumiblemente ya no hay tiempo para que las Cortes aprueben ambas leyes en esta legislatura debido al adelanto electoral, pero el Ejecutivo socialista tenía especial interés en solventar, al menos, la cuestión de la jubilación.

Asimismo, ha explicado Peral que la mayoría de sindicatos policiales habían manifestado su preferencia de que la ley de régimen de personal se aprobase ya con el nuevo gobierno saliente de las elecciones del 20 de noviembre, algo con lo que los populares estaban de acuerdo. Por ello el principal partido de la oposición ofreció el martes a los socialistas pactar la edad de jubilación de la policía en los 64 años e introducir esta cuestión en la Ley de Derechos y Deberes.

Además el PP propuso al PSOE incluir dos enmiendas en el régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil, una de ellas pedía que se considerase como una falta "muy grave" vulnerar el mandato judicial de destruir las grabaciones en los casos en las que no son incorporadas al sumario.

SUPRESIÓN DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD CON DESTINO

Finalmente, el Gobierno ha decidido con este Real Decreto Ley, conocido este viernes, la posibilidad de permanencia en el servicio activo de la Policía hasta la edad de jubilación a los 65 años y suprimir la segunda actividad con destino dentro de la Policía Nacional, es decir, la posibilidad de ocupar puestos de trabajo en la situación de segunda actividad.

Por otra parte, se mantiene la opción de la segunda actividad sin destino a partir de las edades que actualmente recoge la normativa vigente, respetando, además, derechos anteriores en ese sentido. Aquellos funcionarios que, a la entrada en vigor de la norma se encuentren en tal situación, no se verán afectados por medida.

El Ejecutivo argumenta esta medida como "una forma de mejorar el aprovechamiento de las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, de este modo, una planificación más adecuada de la futura oferta de empleo público en este ámbito".

No obstante, durante el trámite parlamentario diversos sectores y colectivos sindicales advirtieron del riesgo de suprimir la segunda actividad con destino ya que perjudica a los funcionarios que desempeñan labores operativas en la calle frente aquellos que realizan trabajos burocráticos y que tienen menos dificultades para seguir trabajando hasta la edad de jubilación.

Este Real Decreto Ley afecta también el régimen aplicable a determinados miembros de la Guardia Civil y posibilita del mismo modo su permanencia en servicio activo hasta la edad de 65 años. Los agentes de las categorías de Cabos y Guardias podrán solicitar la concesión de una prórroga para continuar en servicio activo hasta el cumplimiento de esta edad.

La opción de prolongación será voluntaria y por ello no se modifican las actuales edades de pase a la situación de reserva que figuran en su regulación personal, fijada actualmente en 60 años. Según el Gobierno "esta medida respeta los derechos adquiridos y permite mantener en un mayor número de efectivos activos para ejercer las múltiples misiones atribuidas a las FCSE y de forma singular a las tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana".

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