El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha mostrado satisfecho con la resolución del Tribunal Supremo que invalida la excarcelación de narcotraficantes tras la reforma de la Justicia Universal. Por archivo de las causas 13 criminales egipcios fueron puestos en libertad. Hasta el día de hoy, 53 narcos han sido excarcelados por una interpretación que ha sido revocada por el Alto Tribunal.
Así las cosas, «el Gobierno lamenta que esas decisiones judiciales fueran ejecutadas, sin establecer medidas cautelares, antes de que el Supremo fijase la interpretación de la ley», ha declarado el ministro.
Aunque lamentó sobre la Audiencia Nacional que «hubiera sido bueno que en lugar de decretar las excarcelaciones hubieran esperado», pero descartó que se vayan a exigir responsabilidades.
El debate catalán
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, considera que no se pueden «hacer concesiones» a quien «amenaza con hacer algo ilegal» como es la consulta independentista que planea la Generalitat de Cataluña para el próximo 9 de noviembre.
«Sencillamente, la ley hay que cumplirla, cuando alguien amenaza con hacer algo ilegal, conceder algo para evitar que se cometa la ilegalidad no es la forma de funcionar en un Estado de Derecho», ha dicho en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
En vísperas de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúna con el de la Generalitat, Artur Mas, Gallardón ha recordado que éste anunció «de forma unilateral» un acto que es «ilegal» y está «completamente fuera» de la Constitución, y ha defendido que «evitar que eso ocurra no tiene que ir acompañado de ningún tipo de concesión».
Gallardón se ha referido a las balanzas fiscales publicadas este miércoles para advertir en contra de los «discursos victimistas», porque «quienes aportan no son los territorios, sino los ciudadanos». Así, ha defendido que si Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana aportan más de lo que reciben es porque son comunidades donde hay más gente trabajando y generando riqueza.
Además, el ministro ha indicado que, aunque en términos teóricos no tiene nada en contra de reformar la Constitución, en la práctica no ve consenso para llevar a cabo tal reforma con el mismo consenso que en 1978.