La campaña electoral para el próximo 26 de junio ha estado marcada por un duro discurso contra la corrupción, el fraude fiscal y la evasión de impuestos. En un ambiente viciado por los numerosos casos de corrupción nacionales e internacionales, los partidos políticos parecen haberse puesto de acuerdo en que la lucha contra el fraude y la evasión fiscal son prioritarios para la próxima legislatura.
Sin embargo, la frase «Hecha la ley, hecha la trampa» ilustra lo complicado que puede ser decidir medidas concretas de lucha contra el fraude. Por ello, aunque todos los partidos pretenden mejorar los ingresos de la Hacienda Pública con medidas antiblanqueo de forma genérica, son pocas las propuestas concretas que aparecen en sus programas electorales.
En Teinteresa.es hemos buceado en los programas electorales para recopilar estas medidas.
Partido Popular
El partido en el gobierno propone continuar con las medidas antiblanqueo, ahondando en los cambios normativos implementados en los últimos cuatro años, como por ejemplo la llamada «amnistía fiscal», que sin emabrgo, el resto de partidos proponen derogar.
Otras medidas propuestas por el Partido Popular incluyen reformar el régimen de las controvertidas sicav, «para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon». Para cumplir este propósito, explican en su programa, «sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%».
La formación de Mariano Rajoy también propone reducir «los plazos entre la declaración de los hechos imponibles y su comprobación», lo que permitirá «una lucha más eficaz contra el fraude y daría más seguridad jurídica a los contribuyentes», a través de la utilización de medios electrónicos. Además, proponen mejorar las vías de obtención de información tributaria mediante «sistemas de intercambio automático de información» entre administraciones y organismos públicos de diferentes ámbitos.
Partido Socialista
El partido de Predro Sánchez propone incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y aumentar el presupuesto de esta agencia pública con la intención de destinar más recursos a la lucha contra el fraude. Además, promete modificar la legislación, en concreto, el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves.
Otra de las medidas del Partido Socialista es fomentar la coordinación y el cruzado de datos entre organismos públicos, presente en los programas electorales de todos los partidos principales, excepto Ciudadanos. Además, proponen «elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa», explican en el programa económico del PSOE.
Ciudadanos
Desde Ciudadanos, también proponen aumentar los recursos de la AEAT pero además anuncian que exigirán «los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal» y «llevarán a los tribunales todos los casos acogidos a la amnistía donde existan indicios de delitos relacionados con la corrupción o el blanqueo de capitales».
Además, prometen devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las Sicav, «haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversión colectivas apliquen el tipo general del impuesto de sociedades».
La reforma legal también aparece en el programa del partido naranja que promete cambiar la legislación «haciendo cumplir las sentencias y endureciendo las penas» en materia de fraude fiscal.
Unidos Podemos
Desde la formación Unidos Podemos, que incluye al partido de Pablo Iglesias, las confluencias y a Izquierda Unida, proponen un «Plan integral en la lucha contra el fraude«, con medidas como el desarrollo de un nuevo estatuto para la AEA, el fomento de la coordinación entre administraciones, el aumento del presupuesto y el personal para la lucha contra el fraude y la revisión de sistemas de inversión como las sicav, que consideran «pantallas tributarias».