Miércoles 06/11/2019.

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Las claves de la querella

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La Fiscalía denuncia que Mas ha puesto en juego la vigencia del TC en Catalunya

  • La querella apunta que el president de la Generalitat ha intentado sobreponer su visión partidista de la realidad a cualquier precio.
  • El escrito insta a investigar durante la instrucción judicial los gastos al erario público derivados de la celebración del 9-N. 

El fiscal superior de Catalunya ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia, por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, una querella criminal contra el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas i Gavarró, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega i Alemany y la Consejera de Educación, Irene Rigau i Oliver, por la posible comisión de los delitos de prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes) y malversación de caudales públicos. 

El escrito apunta que la imputación podría "extenderse a otras autoridades y cargos públicos en función del resultado que pueda arrojar en el futuro la instrucción judicial". 

Las claves de la querella

1. La Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Catalunya es competente para el conocimiento de la querella, de acuerdo con su propio Estatuto de Autonomía. El Estatut reza que "corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya decidir sobre la inculpación y el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la Generalitar y de los Consejeros. Fuera del territorio de Catalunya la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". De este modo, los magistrados catalanes no podrán optar por lavarse las manos. 

2. La querella no duda en describir la consulta del 9N como "planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya" y denuncia que el pseudoreferéndum secesionista se articuló a través de la página web www.participa2014.cat que define como "punto institucional de referencia" para fomentar la participación ciudadana en la consulta. 

3. Recuerda que esta convocatoria"había sido suspendida por el Tribunal Constitucional" cuya orden de suspensión "no dejaba margen alguno a la duda" y señala el papel desempeñado por la citada página web en el denominado proceso de participación. 

4. Denuncia que el Gobierno de la Generalitat desplegó una conducta incompatible con el contenido de la resolución del TC. 

5. La Fiscalía recuerda que las resoluciones del Constitucional "son vinculantes para el Gobierno de la Generalitat precisamente por su carácter de poder publico".

6. El Ministerio Público sostiene que los acuerdos del TC representaban "una orden absoluta, tajante e inequívoca de abstención de todo acto encaminado" a la celebración de esa consulta."

7. La querella asegura que la Generalitat "perseveró en su empeño de llevar a cabo la consulta en la fecha indicada y con la misma pregunta -asimismo declarada inconstitucional por el Alto Tribunal- a cuyo fin adoptó las decisiones pertinentes para constituir los órganos de la administración electorial previstos en la ley suspensa- Ley de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana aprobada por el Parlament de Catalunyua el 26 de septiembre- y mantuvo públicamente la campaña de llamamienton a la participación de la ciudadanía en la consulta programada". 

8. En definitiva, de acuerdo con la querella, el Gobierno de la Generalitat, "en cumplimiento de su designio original de celebrar una consulta materialmente refrendaria sobre el destino político de Catalunya el 9 de noviembre de 2014, y conforme a las preguntas prefijadas - a) ¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado? b) En caso afirmativo: ¿Quiere que sea un Estado independiente- con el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces se lo había obstaculizado, adoptó una nueva estrategia: la de impulsar el mismo proceso mediante actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso estableciendo una vía de comunicación con la ciudadanía por medio de la página web institucional www.participa2014.cat"

9. La Fiscalía denuncia las convocatorias oficiosas cursadas vía e-mail por autoridades del Departament dÉnsenyament de la Generalitat, bajo dirección de la querellada Irene Rigau, a directores de Institutos de enseñanza media para la cesión de sus locales el 8 y 9 de noviembre. 

10. Asimismo la querella alerta que las papeletas usadas en la consulta y en las que se recogen las preguntas literalmente fueron confeccionadas en la imprenta del Centro de Iniciativas para la Reinserción, instalada en el Centro Penitenciario de Ponent. 

11. Los presos desarrollaron voluntariamente doce horas de trabajo para la elaboración de sobres, papeletas, instrucciones... etc

12. El 30 de octubre de 2014 la Generalitat exigió, vía correo electrónico, a las emisoras privadas de radio y televisión que operan en Catalunya la difusión gratuita de anuncios de la campaña de la consulta. 

13. El 5 de noviembre de 2014, haciendo uso de los servicios de Unipost, especializada en envíos masivos de correspondencia, los querellados hicieron llegar una carta con el membrete oficial de la Generalitat de Catalunya a los ciudadanos catalanes instándoles a participar en la consulta. 

14. El escrito recoge diversas manifestaciones de Artur Mas en las semanas y días previos al 9N en las que anunciaba sin reserva su voluntad de desacatar el mandato del TC como la pronunciada por el presidente de la Generalitat el 5 de noviembre de 2014 en la que decía que: "Llamo a que todo el mundo participe el 9N definiendo su posición personal sabiendo que con su participación defiende un país entero independientemente de su ideología". 

15. La Fiscalía denuncia que el Govern de Catalunya asumió como propio el 9N. Tan es así que el querellado Artur Mas, en el momento de depositar su voto, hizo constar ante los medios que el responsable de la jornada era él mismo y su ejecutivo. 


15. La querellada Joana Ortega compareció oficialmente el día de la votación en varias ocasiones ante la prensa en un centro habilitado para tal efecto en el recinto ferial de Montjuic en el que se apreciaban sin problema el escudo de la Generalitat. 

16. En conclusión, apunta la la Fiscalía, "las decisiones y actos, jurídicos y materiales, del Gobierno de la Generalitat, han producido como efecto material la completa ineficacia de los mandatos de suspensión cautelar contenidos en las providencias dictadas por el TC los días 29 de septiembre y 4 de noviembre". 

17. Los querellados ordenaron actos que generaron gastos al erario público.Hechos que pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa continuada y malversación de caudales públicos. 

18. La Generalitat puso a disposición de la consulta suspendida a funcionarios públicos y a Mossos d´Esquadra.  

19. La querella especifica la cuantificación del dinero público gastado en el 9N "deberá ser objeto de esclarecimiento en el procedimiento judicial". Apunta, incluso, que los medios de comunicación publicaron que el presupuesto de la campaña institucional rondó los 9 millones de euros. 

20. A propósito del delito de desobediencia, la querella recoge la jurisprudencia que constata que el desacato abierto y claro es tan punible como la pasividad reiterada o la presentación de trabas "que evidencien una voluntad rebelde". 

21. Los sucesivos cambios en el formato jurídico de la consulta para tratar de eludir la clara, expresa y terminante suspensión de la misma no son sino una "camuflada retórica al servicio del incumplimiento", asegura el escrito. 

22. Sobre la alegación defensiva de la parte recurrente de que no había existido delito de desobediencia por ausencia de mandato expreso y debidamente notificado, la Fiscalía asegura que se trata de una conclusión "de un exagerado rigor formalista". Es evidente que -notoria non egent probationem- que los querellados conocian que la consulta y el proceso de participación estaban suspendidos por el TC, añade el escrito. Por si quedara alguna duda, el Ministerio Público recuerda las declaraciones de Mas el propio 9N: "Si la Fiscalía quiere conocer quien es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí". 

23. Los hechos pueden ser constitutivos de un delito de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales. La querella sentencia que "lo que está en juego, realmente, es la vigencia de las decisiones del TC en el territorio de Catalunya, contrarrestada sin fundamento legal por un ejercicio desviado de las prerrogativas administrativas y de gobierno de las que se hallan investidas los querellados". Y añade que Artur Mas,Joana Ortega e Irene Rigau "han obstruido la vigencia de los mandatos del TC en una parte sustancial del territorio nacional. Recuerda que las resoluciones del Constitucional son vinculantes para la Generalitat por su carácter de Poder Público. 

24. La Fiscalía recuerda que "el correcto funcionamiento de la Administración Pública debe ser la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos con pleno sometimiento a la Ley y el Derecho. Lo contrario es prevaricación. Del mismo modo considera que las decisiones adoptadas tras la resolución del TC "confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer las atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme al Derecho". 

25. La querella concluye llamando a declarar en calidad de imputados a los tres querellados. 





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