Lunes 05/06/2017.

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ARGUMENTOS: ¿Es el de los ERE el mayor caso de corrupción de España?

¿Cuánto es lo defraudado en el escándalo de los ERE de Andalucía? ¿741 millones o 136? ¿Es corrupción si no hay lucro económico? En TeInteresa.es te exponemos los principales argumentos del debate sobre el escándalo de las ayudas ilegales a los Expedientes de Regulación de empleo en Andalucía.

Unos enarbolan la cifra de 741 millones de euros que la Fiscalía pide que se devuelvan, así como el número de imputados, para decir que el de los ERE es el mayor caso de corrupción de España. Otros niegan que sea siquiera corrupción política, porque no hay lucro económico de los políticos implicados, y exponen que la cifra realmente defraudada es de 136 millones de euros, lo que se llevaron unos empresarios “jetas” y los “intrusos”, falsos trabajadores.

En TeInteresa.es te exponemos los principales argumentos del debate sobre el escándalo de las ayudas ilegales a los Expedientes de Regulación de empleo en Andalucía entre 2001 y 2010. Un escándalo que ha acabado con la carrera política de los dos ex presidentes socialistas de la Comunidad Autónoma, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

¿Es corrupción política?

Sí. La Ley de Enjuiciamiento Criminal española no tiene ningún delito calificado como corrupción o corrupción política. Pero organizaciones prestigiosas como Transparencia Internacional, en su “Guía de lenguaje claro para la lucha contra la corrupción”, considera que “corrupción política” es “manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio”. Es decir, no es necesario tener un beneficio monetario. Y ese es el uso que le dieron desde el PSOE andaluz: mantenerse en el poder comprando voluntades.

No. Ni siquiera la Fiscalía (parte en este proceso) acusa a ninguno de los 26 cargos políticos de haberse llevado un euro. ¿Puede haber corrupción sin lucro económico? El fiscal instructor les acusa de prevaricación administrativa: haber instaurado un fondo, la partida presupuestaria 31L, para dar ayudas y subvenciones, contrario a derecho y con conocimiento de que lo era (por la falta de controles y la arbitrariedad en la concesión). Este delito no tiene siquiera pena de cárcel. A siete de ellos, además, les extiende la acusación a malversación: al dotar de presupuesto a esa partida 31L, si era ilegal como sostiene la acusación, entonces habrían hecho mal uso del dinero público. Pero, ¿cómo no dotar de presupuesto a una Ley aprobada por un Parlamento? Además, decir que estos delitos son de corrupción política es extender y, por tanto, distorsionar el término. Tanto Partido Popular como Ciudadanos han definido como condición necesaria de caso de corrupción el hecho de que haya lucro o financiación ilegal.


¿Es el escándalo de mayor cuantía de la historia de España?

Sí. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la devolución de 741 millones de euros, que ha sido el dinero malversado, y ese es el que ha de tenerse en cuenta. Y eso es sólo en la causa 6645/2015, una de las que conforman el caso de los ERE, que tiene otras 11 relacionadas. Hay 144 imputados, de ellos 26 cargos políticos. En otros casos, como la Gürtel (que incluye el caso Bárcenas/PP), se estiman en 120 los millones defraudados y tiene un centenar de imputados.

No. La cifra de lo defraudado es de 136 millones de euros, según la propia jueza instructora Mercedes Alaya. Se está confundiendo la cifra total de 741 millones de euros de la partida destinada a ayudar a las empresas que hacían EREs (una ayuda socio-laboral legítima y aprobada por el Parlamento andaluz para ayudar a empresas con los pagos de prejubilaciones o a los parados y evitar que cerraran) con lo que algunos “listos” defraudaron: 12 millones que percibieron “intrusos” (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas); 74 millones que se llevaron empresarios que ni estaban haciendo EREs o cuyas empresas ni siquiera existían; y 50 millones que se quedaron comisionistas que hacían de intermediarios entre la Junta de Andalucía y los trabajadores, precios muy por encima del mercado. Además, el caso Púnica, que ha supuesto detenciones de 50 personas en su primera oleada, ha supuesto un fraude de 250 millones.


¿Crearon ese fondo para crear una red clientelar y garantizarse la “paz social”?

Sí. La jueza Mercedes Alaya instructora del caso de los ERE fue contundente: El objetivo final del fondo era “mantener una “paz social” que enmascaraba un “proselitismo político” a favor del PSOE. Toda una “red clientelar” tejida en su beneficio.

[Lee aquí “El Monipodio socialista” de Agustín de Grado]


No. Las ayudas fueron necesarias y útiles para evitar la quiebra de empresas que se enfrentaban a expedientes de regulación de empleo. Sin ellas, probablemente hubieran tenido que cerrar. Sólo una parte fue fraudulenta. En todo caso, la partida de la que salían fue aprobada por el Parlamento Andaluz, soberano en este asunto. José Antonio Griñán se defendió diciendo: “No hubo un gran plan, pero sí un gran fraude".


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