Según revela el periódico ABC, el dinero de la Junta de Andalucía para prejubilaciones del que se apropió la trama de los ERE costeó las escapadas románticas a países exóticos de Francisco Javier Guerrero y Juan Lanzas con sus respectivas esposas.
Visitaron los templos de Luxor y las pirámides de Giza a bordo de un crucero por el Nilo y durmieron en las suites del Sheraton Grand Tai Ping Yang de Shangai, un hotel cinco estrellas en la metrópolis más occidental de China. La factura abonada a la agencia Viajes Jabalcuz con la que contrataron sus vacaciones, que ascendió a 10.779,66 euros, no salió de su bolsillo sino de las esquilmadas arcas de la Junta, en concreto, de la partida 31L de los ERE, bautizada por Guerrero como «fondo de reptiles».
Los investigadores sostienen que las escapadas de ambos se pagaron con las importantes sumas de dinero procedente de las sobrecomisiones que Lanzas desviaba a un entramado de empresas pantalla que realizaban facturas falsas para blanquear las ganancias obtenidas mediante la captación y tramitación de prejubilaciones para trabajadores en paro.
Los matrimonios Guerrero Otero y Lanzas Sierra pusieron rumbo a Shangai (China) aprovechando el puente de la Inmaculada. El viaje lo realizaron entre el 1 y el 9 de diciembre de 2006 y costó 6.311,66 euros. Según la factura de Viajes Jabalcuz, incorporada al sumario del caso, las dos parejas se alojaron en el Sheraton Grand Tai Ping Yang, un lujoso hotel ubicado en el centro, muy cerca de las vistas al fabuloso «skyline» de la urbe china y equipado con piscina cubierta, salón de belleza y sauna.
El segundo destino de Guerrero y Lanzas con sus respectivas esposas fue Egipto. Entre el 9 y el 17 de marzo de 2007, los matrimonios realizaron un crucero por el Nilo con visitas a las ruinas del templo de Luxor y El Cairo. El paquete, contratado con la mayorista Travelplan y facturado a nombre de la empresa del cuñado de Lanzas, salió por 4.168 euros, a razón de 1.042 euros por persona.
340.000 euros de los parados destinados a decorar un piso de lujo
El diario La Razón publica que la Policía ha puesto el ojo en la decoración y en el mobiliario de los pisos de los imputados por el caso de los EREs. Según este diario, el dueño de la mediadora Uniter, muebles o tapicería para otra casa ubicada en la lujosa urbanización de Vista Hermosa, en el Puerto de Santa María (Cádiz).José González Mata gastó en decorar y amueblar un piso de Jerez de la Frontera más de 340.000 euros y tenía presupuestados 415.000 para obras de arte, muebles o tapicería para otra casa ubicada en la lujosa urbanización de Vista Hermosa, en el Puerto de Santa María (Cádiz).
Esta cabecera señala que la UCO estima que las dos principales mediadoras recibieron más de 30 millones en sobrecomisiones: 21,5 Vitalia y 13 Uniter. Una parte de este dinero público, que las mediadoras recibían de las aseguradoras, lo transfirieron a su vez a empresas pantalla controladas por testaferros, despachos de abogados o sindicatos.
Según este diario, un galerista de Madrid entregó a la Guardia Civil cuatro facturas que se elevan a 340.745,8 euros por la decoración y mobiliario del piso de la calle Santo Domingo de Jerez, además de otra de 29.000 euros por el trabajo en la casa de Vista Hermosa que quedó inconcluso.
Imputadas tres primas del Rey en la trama de blanqueo de Gao Pin
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresasrio Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza, informaron fuentes jurídicas.
Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran los el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega y tres primas lejanas del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.
El juez, que mantenía bajo secreto esta línea de investigación, ha citado hoy mismo a dos de los empresarios, el constructor Antonio Banús Ferré y Enrique Ortega Cedrón, quienes han reconocido que tenían cuentas en Suiza y que llamaban por teléfono para que les entregaran dinero en metálico de estas cuentas a cambio de una comisión, pero que no preguntaban de dónde venía.
Ruz imputa a Bárcenas y a su mujer nuevos delitos y les llama a declarar
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado de nuevo a declarar para el 27 de junio al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, tras imputarles nuevos delitos: falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales, han informado fuentes jurídicas.
Ruz ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía Anticorrupción, basándose en un informe de la agencia tributaria y en la declaración de la pintora argentina Isabel Mackinlay, que admitió que había accedido a firmar unos contratos en los que aparecía como intermediaria de una venta ficticia de cuadros de la mujer de Bárcenas.
Mackinlay explicó por videoconferencia desde Buenos Aires que accedió a firmar un contrato ficticio en el que se señalaba que Iglesias Villar recibía 560.000 euros por la venta de dos tablas del siglo XV. La testigo, a la que se hizo pasar por marchante de arte cuando en realidad es pintora y restauradora, obtuvo una comisión de 1.000 dólares por la firma de este contrato, en el que aparecía como intermediaria de la operación.
La ciudadana argentina explicó que, poco después, tuvieron que rectificar el contrato para señalar que, en vez de dos tablas del siglo XV, lo que Iglesias Villar había vendido era en realidad un cuadro del pintor napolitano del siglo XVII Giuseppe Recco.
Iglesias, imputada en el ‘caso Gürtel’ por un delito de fraude fiscal, ingresó en el año 2006 un total 560.000 euros en efectivo en una sucursal de Caja Madrid. En sus declaraciones en la Audiencia Nacional, Bárcenas y su esposa aseguraron que este dinero respondía a la venta de varios cuadros en la que intermedió Mackinlay.
El juez cree que el citado contrato fue utilizado con el objetivo de “inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa respecto al delito fiscal investigado”.