Jueves 08/12/2016.

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Dívar recuerda que los criterios del TS y el TC deben ser respetados "por todos"

Afirma que los jueces son conscientes de las "difíciles circunstancias económicas", aunque la modernización es "un principio irrenunciable".
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Dívar recuerda que los criterios del TS y el TC deben ser respetados "por todos" Dívar recuerda que los criterios del TS y el TC deben ser respetados "por todos"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha reclamado durante discurso con motivo de la Apertura del Año Judicial que se guarde respeto por las decisiones del Tribunal Supremo y del el Tribunal Constitucional porque sus decisiones "deben ser respetadas por todos, en especial por las instituciones públicas".

Sin hacer mención expresa al conflicto entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Generalitat a cuenta del idioma en la enseñanza, el presidente del Supremo ha afirmado este jueves que la disconformidad con las decisiones judiciales debe ser "canalizada por la vía de los recursos (*) pues el estado de derecho exige el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes".

La finalidad a perseguir es en todo caso la justicia, según Dívar, que ha subrayado que "a ella han de tender todas las instituciones sociales y, muy particularmente, los tribunales de justicia a los que, por su nota de imparcialidad, les está específicamente encomendada esta función sin sucumbir a la tentación de convertirse ellos mismos en protagonistas de conflicto alguno".

El Tribunal Supremo ha acogido el solemne acto de Apertura del Año Judicial marcado por la ausencia del Rey don Juan Carlos, que por primera vez desde 1983 no asistirá debido a su reciente operación del tendón de Aquiles del pie izquierdo de la que se recupera en el Palacio de la Zarzuela.

A este respecto, Dívar ha expresado en nombre de todos los jueces españoles sus deseo de pronto restablecimiento del monarca y ha recordado el apoyo que Don Juan Carlos siempre ha mostrado al Poder Judicial.

"DIÁLOGO ENTRE TRIBUNALES"

Dívar también se ha referido a las "zonas de fricción" que pueden aparecer en las esferas de actuación de los diferentes tribunales, y ha manifestado que respecto al Tribunal Constitucional "el llamado "diálogo entre tribunales" debe basarse, entre otros aspectos, en el reconocimiento por el tribunal de garantías de la jurisprudencia del Tribunal Supremo "como expresión de la realidad viva del derecho" así como en el respeto por este último, que él preside, de los criterios sentados por el tribunal de garantías.

Para suprimir o suavizar esos choques, el presidente del CGPJ también propone fijar legalmente "el marco estricto de actuación de cada tribunal", pese a reconocer la dificultad de esta empresa "dada la naturaleza de los derechos fundamentales en juego".

FIRMEZA FRENTE AL TERRORISMO

Dívar también ha recordado durante su discurso a las víctimas del terrorismo, a las que ha transmitido que, "por más que sus pérdidas sean irreparables, que tengan al menos como consuelo (...)la seguridad de que los jueces, muy señaladamente de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, continuarán aplicando las leyes con la misma firmeza" contra un fenómeno que todavía no ha desaparecido.

Igualmente, ha mencionado a los componentes de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, "imprescindibles y eficaces auxiliares de los jueces", y de los que el Poder Judicial valora "su aportación a la función de administrar justicia y que son por ello más directamente víctimas de la delincuencia".

CRISIS Y JUSTICIA

Durante su intervención, el presidente del Poder Judicial también se ha referido a "las difíciles circunstancias económicas que atravesamos" y a su incidencia en la Justicia, señalando que los jueces son conscientes de la situación y que desde el CGPJ se realizan estudios "para calcular el coste de los litigios con el fin de que los recursos presupuestarios de las diferentes Administraciones se asignen de la manera más eficiente".

Ha añadido que los jueces también tienen en cuenta "los sacrificios" que la situación económica comporta para muchas familias españolas. "Las conocemos directamente a través de los asuntos sometidos a nuestra resolución", para agregar que por ello procuran "las soluciones más justas según la realidad social del momento, que trascienden de los casos concretos para convertirse en temas de debate o reflexión doctrinales de cara a posibles reformas legislativas en los distintos ámbitos jurídicos".

No obstante, el presidente del Supremo ha advertido que la modernización de la justicia "es un principio irrenunciable y se debe llevar a cabo con los medios disponibles en cada momento", porque es un proceso que "ha costado mucho trabajo iniciar y, sobre todo, mucho tiempo poner en marcha".

"Estoy seguro de que todos comprenderán y compartirán que la necesidad de contar con una estructura judicial y con unas leyes procesables estables, fruto de un acuerdo político lo más amplio posible es fundamental pues a todos beneficia el correcto funcionamiento de la justicia, igual que su mal funcionamiento comporta unos perjuicios generalizados, entre otros mayores costes", ha advertido.

Finalmente, Dívar ha destacado que durante el pasado 2010 se ha producido una apreciable reducción del número de asuntos pendientes de resolverse en el alto tribunal hasta quedar situados en una cifra total próxima a los 24.225 casos.

También se ha acortado la duración media de los procesos en las diferentes salas. En la de lo Civil -de la que ha destacado su jurisprudencia sobre el derecho al honor-, se tarda una media de 13,6 meses en resolverse un asunto; en la de lo Penal, algo más de seis meses, mientras que la de lo Contencioso tarda 17 meses de media en resolver y la de lo Social algo más de diez meses.

Los resultados han de considerarse satisfactorios hasta el momento, según Dívar, pues se ha logrado reducir el número de asuntos pendientes de sentencia, en solo tres meses, en algo más de mil, por lo que de mantenerse el ritmo de trabajo establecido es previsible que en año y medio la Sala pueda estar resolviendo los recursos en el plazo de un año desde su entrada en Registro.

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