Lunes 24/09/2018.

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Delegación del Gobierno y Ejecutivo navarro firman un protocolo para eliminar pintadas de exaltación del terrorismo

El acuerdo refuerza la colaboración entre ambas instituciones y pone fin a la duplicidad de funciones en la materia
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La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo foral, Javier Morrás, han firmado un protocolo de colaboración para eliminar las pintadas, carteles o pancartas que existen en algunos municipios de la Comunidad foral y que incurren en una exaltación o enaltecimiento del terrorismo.

El acuerdo, que refuerza la colaboración entre ambas instituciones y pone fin a la duplicidad de funciones en la materia, se toma tras comprobar la "dejación" por parte de algunos ayuntamientos de sus funciones, tolerando que pintadas y carteles con alusiones al terrorismo o a terroristas permanezcan en sus municipios.

Morrás ha manifestado que si bien "los requerimientos no son numéricamente graves, los poderes públicos tenemos la obligación de velar para que no existan espacio de impunidad". "A la dejadez o consentimiento tácito que pueda haber por parte de determinadas Administraciones no se puede sumar jamás la falta de acción por quienes tenemos responsabilidades más elevadas en la Comunidad", ha dicho.

El consejero ha defendido que se garantice "la libertad, la justicia y la dignidad a todos los ciudadanos que desean vivir en un entorno sin coacciones y sin la presencia amenazadora, aunque sea indirecta, de las organizaciones terroristas o de quienes les apoyan".

Ambos dirigentes han explicado que no tienen una cuantificación de pintadas o carteles que puedan existir actualmente en Navarra, pero que es un número "muy limitado", "como mucho decenas". Se ubican en zonas muy concretas de la Comunidad foral, principalmente en la Barranca, en localidades como Arbizu, Etxarri-Aranatz...

Según Alba, "en otras zonas de Navarra donde pueden aparecer este tipo de pintadas cuando se hace el requerimiento el ayuntamiento lo quita enseguida". "La actuación diligente suele ser la norma en la mayoría de los casos, y en muchas ocasiones no llegan a conocimiento de la sociedad", ha apostillado el consejero.

EN EL PROTOCOLO

Los consistorios son, según la normativa actual las instituciones competentes en la prestación del servicio público de limpieza, en la que se incluye la limpieza de pintadas.

Tanto el Gobierno de Navarra como la Delegación del Gobierno firman este protocolo por el interés mutuo de que no existan en las calles y fachadas de los pueblos de la Comunidad foral pintadas y carteles a favor de terroristas, de organizaciones terroristas o de ensalzamiento del terrorismo, cuya exhibición supone además el menosprecio y la humillación de las víctimas.

En virtud del protocolo, ante el conocimiento de alguna pintada o pancarta con alusiones terroristas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Foral serán las fuerzas de seguridad encargadas de elaborar un informe, que entregarán a la administración pública de la que dependen. El Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno pondrán en común dicho escrito, para así establecer una comunicación fluida y evitar duplicidades.

Con el informe realizado y, en función del cuerpo policial que lo haya elaborado, será una u otra entidad la encargada de notificar al ayuntamiento correspondiente la situación, recordándole su obligación legal de limpiar las pintadas, y dándole un mes de plazo para su eliminación.

Una vez transcurrido el plazo, se comprobará que el requerimiento del Gobierno de Navarra o de la Delegación del Gobierno se haya hecho efectivo. Si no es así, el Ejecutivo foral actuará procediendo a la limpieza y eliminación de las pintadas con coste económico a cargo del ayuntamiento incumplidor. Esta actuación se llevará a cabo sin perjuicio de la remisión de los hechos a los órganos judiciales o fiscales competentes, a efectos de depurar responsabilidades penales.

El consejero ha precisado que "hay mecanismos legales, desde el Gobierno de Navarra, para exigir y resarcirse del coste de la actuación". "Se podrá detraer el dinero de cuestiones que tenga que percibir el ayuntamiento o de fondos públicos que reciba", ha dicho, para exponer que "existe una garantía de cobro".

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