Sábado 03/12/2016.

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EL JUEZ VELASCO ADELANTA LA DECLARACIÓN DE GRANADOS AL DÍA 21 DE DICIEMBRE A PETICIÓN DEL INVESTIGADO

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha adelantado la declaración como investigado del que fuera `número dos´ del Gobierno de la Comunidad de Madrid Francisco Granados al 21 de diciembre a partir de las 10.00 horas, atendiendo a una petición de su abogado.
Granados solicitó declarar voluntariamente el pasado 29 de noviembre, pocos días después de que fuera prorrogada su prisión provisional por dos años más. Velasco fijó entonces su declaración para el 11 de en enero. Sin embargo, Granados ha pedido declarar lo antes posible, lo que ha motivado el cambio de fecha de la citación.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que un investigado puede solicitar declarar voluntariamente cuantas veces lo desee. Esta sería la tercera Navidad que Granados pase en prisión desde que fue detenido en la ´Operación Púnica´.
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el pasado lunes la prórroga de la prisión privisional para el exdirigente del PP acordada el pasado 5 de octubre por el juez del `caso Púnica´, Eloy Velasco, por entender que "sigue vigente" el riesgo de que el investigado trate de tergiversar, entorpecer o manipular la instrucción.
El magistrado acordó prorrogar la prisión de Francisco Granados hasta un máximo de otros dos años, lo que alcanzaría el tope de cuatro años que prevé la ley para mantener a una persona en prisión preventiva.
UN MILLÓN EN EL ARMARIO
En su auto el juez incluía todos los indicios recabados en la investigación contra el que fuera alcalde de Valdemoro y secretario general del PP en Madrid, para concluir que, además de los fondos en metálico localizados en Suiza al entorno de Granados , así como sus bienes incautados, Granados tiene efectivo en metálico, como quedó en evidencia al hallar un millón de euros ocultos en el interior de un armario de casa de sus suegros.
Según el juez, el investigado sigue disponiendo "de una manera oculta de una gran cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación no ha sido capaz de decomisarle, que haría que, en caso de ser puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse a la acción de la justicia".
En línea con el instructor, la Sala rechazó todos los argumentos del recurrente y señaló que con el avance de la investigación se ha ido concretando "el riesgo de huida" y se ha hecho más patente "el presunto acopio de importantísimas sumas de dinero de ajena procedencia por parte del recurrente".
Asimismo, estimaba que "hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todos aquél que no siguiera sus directrices", razones por las cuales siguen vigentes los motivos por los que el juez le envió a prisión.
Para tomar esta decisión el juez tuvo en cuenta también la falta de colaboración con la investigación y el "apoyo ideologizado" por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas relacionadas con la 'trama Púnica'.
Citaba en concreto documentos quemados o triturados en el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), una situación que podría todavía aumentarse con Granados en libertad, con una presión más directa y presencial por parte del investigado.
ACUERDO CON LA FISCALÍA
La Fiscalía había solicitado al juez que prorrogara la prisión provisional para el ex 'número dos' del PP en la Comunidad de Madrid, que se encuentra en la prisión de Estremera (Madrid) desde el 27 de octubre de 2014. Granados ha solicitado al magistrado volver a declarar para "concretar" aspectos de sus declaraciones anteriores.
En la vista que se celebró para analizar la prórroga, tanto el Ministerio Público como el resto de acusaciones solicitaron que se le mantuviera en prisión, mientras que su abogado pidió la libertad para él.
El exdirigente popular argumentó su arraigo y sus lazos familiares para convencer al juez de que no va a eludir la acción de la justicia. La ley establece en dos años el límite de la prisión provisional, aunque permite que esa situación se prorrogue por dos años más atendiendo a la gravedad de los delitos.

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