Jueves 23/11/2017.

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CyL pide dos tramos de 75 y 85 años para calcular población mayor en el sistema de financiación y rechaza perder fondos

La comunidad autónoma de Castilla y León pedirá dos tramos de 75 y 85 años --ahora hay uno sólo a partir de 75 años-- para recalcular el coste de la población mayor de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica en el que incluirá también computar también al alumnado universitario que también financian las comunidades autónomas, el gasto de la educación de 0 a 3 años y "otros indicadores relevantes" en Servicios Sociales, como el número de dependientes y su grado o el tipo de prestaciones que reciben.

Estas son las principales demandas de la comunidad autónoma de Castilla y León recogidas en el informe sobre el modelo de financiación autonómica que la Junta remitirá mañana, viernes, al Ministerio como "inicio" del debate sobre la reforma del sistema y que, según ha aclarado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, no hace referencia a todo el modelo sino a una serie de puntos también del vigente, como se pidió, por lo que no ha descartado que Castilla y León tenga más cosas que decir a lo largo del procedimiento.

Según ha detallado la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el informe que remitirá Castilla y León pedirá un modelo con "carácter multilateral" en el que participen "todas las comunidades autónomas" y evitar así negociaciones bilaterales, una cuestión que "no es baladí" ya que, según ha recordado, Cataluña no ha participado hasta la fecha en los trabajos ni tampoco estuvo presente en la Conferencia de Presidentes de enero.

Castilla y León defenderá también la sostenibilidad del Estado del Bienestar desde la premisa de que las comunidades autónomas necesitan "recursos suficientes" que aseguren la prestación de las competencias "no sólo ahora sino a futuro", ya que, según ha lamentado, con el actual modelo se han perdido recursos "de manera abrupta" con la crisis.

Para Del Olmo, es necesario analizar la participación del Estado y de las comunidades autónomas en los diferentes impuestos que pagan todos los españoles ante la evidencia de que existe un desequilibrio entre lo que recibe la Administración General del Estado y las autonomías. Según ha explicado a modelo de ejemplo, la financiación de las comunidades subió un 0,3 por ciento entre 2010 y 2015 mientras que la recaudación creció un 14 por ciento que no ha llegado a los territorios.

"Evidentemente hay otra administración con más recursos", ha concluido en referencia a un "desequilibrio vertical" que ha aumentado con el actual modelo con el resultado de comunidades autónomas "peor financiadas" que el Estado, a lo que ha unido las consecuencias de la existencia de los regímenes forales de Navarra y País Vasco que también suponen "un desequilibrio".

La tercera petición de la Junta de Castilla y León hace referencia al déficit de financiación del actual modelo por unas entregas a cuenta que "ni siquiera llegan" para cubrir las competencias de las tres áreas sociales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales) con déficit incluso en los mejores años de la economía española.

PIDE "SUFICIENCIA DINÁMICA" Y DE FUTURO

Castilla y León reclamará en este punto un modelo suficiente a lo largo del tiempo, lo que Del Olmo ha definido como "suficiencia dinámica", con especial hincapié en el caso de la sanidad cuyos gastos crecen sin el control de las comunidades por la necesidad de adquirir nuevos medicamentos o nuevas tecnologías, como ocurre también en los servicios sociales, ha asegurado.

El cuarto objetivo de Castilla y León en esta negociación gira en torno a la lealtad institucional ya que hasta la fecha nunca se ha reunido ninguna comisión para analizar los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno de la nación en materia de gastos o ingresos, con el ejemplo de la supresión sin compensación del impuesto sobre operaciones societarias.

Del Olmo ha abogado en este punto por valorar "año a año" el efecto sobre las autonomías de las decisiones del Gobierno con una suma de las decisiones adoptadas en los últimos cinco años que han derivado en más gastos que Castilla y León pedirá aportar al nuevo modelo de financiación "para compensar".

Armonización fiscal para evitar competencia desleal fiscal entre los territorios y cálculo de las necesidades de gasto son otras de las reivindicaciones de Castilla y León en este documento que no está cuantificado por considerar que no es el momento de poner cifras sobre la mesa y en el que la Junta advierte de que no aceptará la supresión del 'status quo' "ni siquiera de forma paulatina", como ya reclamó a través del voto particular de su experto en la Comisión creada a nivel nacional, Jaime Rabanal.

"Si hay comunidades autónomas que pierden no va a haber consenso seguro", ha recordado Del Olmo quien, tras asegurar que no quiere perder "ni un sólo euro", ha explicado que Castilla y León pedirá los recursos "necesarios y suficientes" para ejercer todas las "muchas" competencias que ha recibido del Estado a través de más de cien reales decretos. "No se puede recibir menos de lo que en su día te dieron por una competencia porque al Estado le costaba eso, como mínimo", ha añadido.

Para ese cálculo de las necesidades reales, la consejera castellanoleonesa ha apelado al concepto de "población ajustada" según el cual una persona mayor de 75 años computa como cinco en relación a un joven de 25 años y ha criticado que la superficie pese ahora sólo el 2 por ciento o el 0,8 por ciento la despoblación.

Por este motivo, Castilla y León defenderá mejorar los indicadores de cálculo de ese gasto como la dispersión en función de los usuarios que están lejos de los núcleos de población, "de lo que depende el coste", y no sólo de los núcleos de población, y propondrá variables distintas a la de población para las competencias no sociales, como las carreteras que para Del Olmo se deberían calcular por el número de kilómetros cuadrados. "No tiene sentido que sea por población", ha considerado.

REFORMA DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

Por último, Castilla y León pedirá una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial por el que ingresa en la actualidad 18 millones de euros desde el convencimiento de que no cumple su misión constitucional. "Que se reforme y se dote adecuadamente y cambie los elementos de reparto", ha exigido la consejera.

Del Olmo ha asegurado también que el informe de Castilla y León cumple el acuerdo de Comunidad sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y el mandato de las Cortes de coordinarse con otras comunidades autónomas con necesidades comunes, como se ha hecho con Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura y con las que comparte el grueso de las reivindicaciones con algunos matices como la orografía que la Junta también ha asumido.

El informe estará a disposición de los grupos cuando se publicará en la página web de la Junta de Castilla y León en una muestra de "transparencia".

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