Cs ha registrado este lunes en el Parlament una iniciativa que solicita crear una comisión de investigación sobre la gestión que hizo la Generalitat del proceso de privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que la justicia anuló.
Según el texto, recogido por Europa Press, el partido que lidera Inés Arrimadas recuerda que el proceso de privatización fue frenado y revertido por los tribunales, y asegura que podría tener un coste de «300 millones» para las arcas públicas, por lo que merece ser investigado por el Parlament.
Cs propone que la comisión sirva para «depurar las responsabilidades políticas oportunas» e impulsar las reformas para evitar que se repita un caso así, es decir, para evitar que vuelva a producirse un conflicto en un proceso de privatización de esta magnitud.
El partido naranja quiere citar en el Parlament a los responsables políticos y administrativos que participaron en la tramitación de aquella operación, así como aquellas personas que puedan contribuir «a aclarar» todo el polémico procedimiento.
Aunque Cs no fija los nombres concretos, ya que estos deben proponerse si la comisión llega a ponerse en marcha, la operación se hizo con Artur Mas de presidente de la Generalitat; Andreu Mas-Colell de conseller de Economía y Lluís Recoder de conseller de Política Territorial.
Entre otras cuestiones, Cs quiere dilucidar por qué la Generalitat no paralizó el proceso de privatización cuando incluso un órgano dependiente de la administración catalana advirtió de que la tramitación no reunían las condiciones necesarias para seguir adelante.
La Generalitat ya ha aprobado el decreto para devolver la empresa a una titularidad pública al cien por cien, y Cs quiere la comisión también sirva para aclarar qué impacto tendrá en los Presupuestos de la Generalitat la sentencia que frenó la privatización.
APOYOS
Cs invoca el artículo 67.1 del reglamento de la Cámara para impulsar la comisión, por lo que la creación no es automática, sino que deberá obtener el respaldo del pleno del Parlament en una votación que se celebrará tras el verano.
Si Cs logra poner esta comisión en marcha podría ser la quinta de la legislatura, una situación sin precedentes; ya existen tres: sobre los atentados de agosto de 2017; sobre el almacén de gas Castor y sobre la aplicación del artículo 155, y una cuarta está en trámite –sobre el presunto espionaje de los mossos a ciudadanos contrarios a la independencia–.
Si JxCat y ERC se opusieran eventualmente a crear esta comisión, Cs podría superar este veto sumando el apoyo del PSC, PP, los comuns y la CUP, los cuatro también muy críticos con la gestión de ATLL.