El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, cree que apoyar el acercamiento de presos de ETA y los beneficios penitenciarios «no es coherente, por carecer de legalidad y legitimidad», y ha advertido de que supone «minimizar las consecuencias de uno de los delitos más graves: el delito de terrorismo». Según ha indicado, «difícilmente puede llegarse a la paz sin pasar necesariamente por la justicia».
En un comunicado, ha censurado que «ciertos partidos políticos e instituciones» compartan la «idea» de la izquierda abertzale de que «uno de los pasos que hay que dar en el camino de la normalización política es el de garantizar el respeto a los derechos de los presos llevando a cabo un acercamiento de los mismos a cárceles del País Vasco, así como la concesión de beneficios penitenciarios y libertades provisionales».
A su entender, «carece de todo fundamento» porque ninguna norma legal, en el ámbito del Estado o en el campo internacional, reconoce «un derecho de los presos de ETA a cumplir su condena en prisiones del País Vasco». Por el contrario, ha destacado que la normativa vigente atribuye a la administración penitenciaria «la competencia de designar a cuál de los diversos establecimientos debe ser destinado, o en cuál debe permanecer, el delincuente».
Covite considera que el traslado de los reclusos de la banda terrorista «conculcaría en muchas ocasiones los derechos de las víctimas» y, además, «infringiría las sentencias ganadas» en las que «se impone a los asesinos la prohibición de acercarse a los lugares donde viven sus víctimas».
El colectivo de víctimas ha advertido de que, una vez «constatado» que ETA «no se ha disuelto y no ha entregado las armas» y la postura del EPPK (el denominado »Colectivo de presos políticos vascos»), «una concentración de condenados por terrorismo en un escaso número de prisiones podría derivar en una falta de seguridad» para el resto de los internos y para los funcionarios. También, en su opinión, «obstaculizaría» la reinserción social de los presos impidiendo «su separación de ETA».
Del mismo modo, ha rechazado la concesión de beneficios penitenciarios o el reconocimiento de libertad provisional «más allá de lo que regula nuestra legislación penal» porque, si los presos de la banda no disfrutan de estas medidas, «se debe, sin genero de duda, a que no cumplen los requisitos establecidos por las normas penales». «El tratar de sortear o flexibilizar las mismas no resulta de recibo en un Estado de derecho», ha defendido.
LLENARSE LA BOCA CON EL PROCESO
Tras indicar que cuando la izquierda abertzale reclama que son precisos «pasos hacia la paz» se refiere a «su paz» porque en Euskadi «nunca ha habido dos bandos enfrentados», ha insistido en que «sin justicia no es posible la paz y la justicia requiere el cumplimiento de los requisitos legales para las exigencias que están demandando».
«No cabe llenarse la boca hablando del proceso de paz y, al mismo tiempo, negar la aplicación de la justicia porque difícilmente puede llegarse a la paz sin pasar necesariamente por la justicia», ha insistido.
En este contexto, ha opinado que «no es coherente, por carecer de legalidad y legitimidad, apoyar las exigencias de los proetarras puesto que los requerimientos que solicitan tratan de minimizar las consecuencias de uno de los delitos más graves: el delito de terrorismo».
De este modo, ha advertido de que «el terrorismo de ETA no constituye, como algunos quieren, un conflicto político, sino por el contrario nos encontramos ante un delito de suma gravedad» y de que sus autores y «cómplices» no son «meros delincuentes políticos sino delincuentes comunes, merecedores de las sanciones jurídico-penales y de las medidas penitenciarias que les resulten aplicables con base en la normativa vigente».