Miércoles 20/09/2017.

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Cospedal realizará un pago a los ayuntamientos "antes de final de año"

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha, Diego Valle, ha avanzado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal realizará "antes de final de año" un pago a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha para cubrir parte del dinero que se les adeuda.
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Así lo ha confirmado durante su comparecencia en las Cortes este lunes, en la que ha dado cuenta de cómo afectarán las medidas del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos a su departamento, el consejero de Economía y Hacienda, Diego Valle, que ha indicado que es "altamente probable" que ese pago se realice esta semana.

"Desde luego antes de final de año" se realizará, ha incidido Valle --a preguntas del Grupo Socialista durante la Comisión--, quien no ha concretado en concepto de qué se llevará a cabo ese pago, y ha reconocido que la situación de los ayuntamientos "tampoco es buena".

En su comparecencia, el consejero ha defendido el "modelo" que está poniendo en marcha este Gobierno y ha señalado que la incidencia del Plan de Garantía "es determinante" pues "solo con la puesta en marcha de este plan" y sus medidas, que se complementarán con el Plan de Equilibrio Económico y Financiero, se puede evitar un "disparatado aumento del déficit".

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN POR IVA

Precisamente, el consejero, que ha cifrado en 5,6 millones de euros el déficit diario de Castilla-La Mancha durante el periodo 2008-2011 durante su intervención, y ha detallado algunas de las medidas que se pondrán en marcha en materia de ingresos de la Consejería, como el incremento de la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados.

Este impuesto, ha confirmado, se aplicará en ciertas operaciones en principio exentas del pago del IVA, a través de dos medidas: estableciendo un gravamen incrementado en la tributación por actos jurídicos documentados --cuando se renuncia a la exención por IVA-- y favorecer la tributación mediante un tipo de gravamen reducido en la modalidad de actos jurídicos documentados, con lo que se conseguirán 3,4 millones de euros.

Además, la Consejería realizará una actualización de la Ley de Tasas, Precios Públicos y otros ingresos, se mejorarán los procedimientos de reintegro de subvenciones de operaciones corrientes y capital de ejercicios anteriores --mediante un plan de control de concesión de subvenciones--, y se impulsará la ejecución financiera de convenios del Plan ASTRA, que se le requerirá a los ayuntamientos.

También se impulsará la devolución de los intereses de los préstamos concedidos a corporaciones locales "en tiempo y forma" para que hagan efectivos los plazos concedidos y, si no proceden a su abono, la Consejería no descarta acudir "a la vía de la compensación"; además, se obligará mediante normativa la obligatoriedad de que las fianzas de arrendamientos se depositen en la Junta.

REDUCIR LA MOROSIDAD

El consejero de Economía y Hacienda ha avanzado la puesta en marcha de un plan de reducción de la morosidad, que prevé el reintegro de préstamos concedidos para la ejecución de polígonos industriales, y por los alquileres y renta de vivienda.

Se incrementará el IPC anual en el arrendamiento de inmuebles, se actualizará la renta de las viviendas en alquiler de la Junta --en aquellos contratos que lo permiten-- y se venderá la participación del Gobierno en empresas privadas, como Telecom y Gas Natural, cuando "se estime más adecuado", de tal manera que se consigan casi 12 millones euros.

En materia de gastos, la eliminación de duplicidades es el objetivo, de tal manera que ya se ha acometido la eliminación de altos cargos directivos -los cinco cargos de delegados provinciales y cuatro delegados provinciales--, de cinco plazas de conductores de esos altos cargos, y de secretaría y asesores en los servicios centrales, que han pasado de 15 a seis, aunque solo se han cubierto dos.

Igualmente, se han suprimido los puestos adscritos a la oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas y los de los órganos de la Comisión Regional de la Competencia. En este punto, Valle ha señalado que está previsto llevar a cabo "medidas de revisión de los servicios administrativos", y que la supresión de las vacantes se eleva a 37, lo que supondrá 2,8 millones de euros de ahorro.

Finalmente, entre algunas de las medidas puestas en marcha dentro del plan de racionalización del sector público, Valle ha señalado que se pondrá en marcha la contratación centralizada de suministros y servicios, la uniformidad de los pliegos, una nueva regulación de subvenciones.

MEDIDAS "POR DEVOCIÓN"

Desde el PSOE, José Molina se ha preguntado qué efecto tendrán sobre el empleo todas las medidas anunciadas por Valle, a quien ha acusado de "venir con la martingala que lleva el Gobierno y Cospedal de que están haciendo medidas por devoción no por obligación" --equiparación que Valle ha considerado "un error"-- cuando "el problema", a su juicio, es "de modelo".

Así, Molina se ha mostrado partidario de hacer "política de austeridad" pero siempre que se racionalicen bien las acciones, ya que "la raya de los servicios públicos fundamentales no la podemos pasar". Dicho esto, y sobre la deuda de la región, ha señalado que la "herencia recibida" de la que habla el PP son 3.100 millones de euros.

Una deuda que "tienen nombre --en referencia al gasto en servicios sociales, educación y sanidad-- y es absolutamente sostenible", ha declarado Molina, que ha considerado "negativo" que el Ejecutivo defienda "de manera radical" los criterios de reducción del déficit y la deuda "sin tener en cuenta otras consideraciones".

También han intervenido en la Comisión las diputadas socialistas Delfina Carrasco, que ha preguntado entre otras cosas por el coste de alquilar el solar para exponer los vehículos oficiales que se subastaron y el de la retransmisión de ese acto por vía satélite -el consejero la ha invitado a preguntar en la Consejería de Presidencia-- y la parlamentaria Josefa Ruiz, que se ha interesado por la situación del turismo.

Desde el Partido Popular, el portavoz en la comisión, el diputado José Manuel Tortosa, ha insistido en que fue el Gobierno anterior el que "puso en riesgo los servicios sociales", y se ha mostrado convencido de que la "filosofía que hay que seguir siempre en la administración de los recursos públicos es destinar el gasto a lo importante".

Por ello, Tortosa ha invitado a los representantes del PSOE a "reflexionar" porque los datos evidencian "que se han equivocado" y les ha instado a que "enmienden la plana y arrimen el hombro", algo en lo que también ha incidido el diputado del PP, Antonio Martínez, que ha señalado que no se pueden admitir lecciones "de alguien que lo ha hecho mal".

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