Sábado 10/12/2016.

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Consejo de Ministros aprobará este viernes la ley de servicios funerarios y modificará la norma de Inspección de Trabajo

El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes los proyectos de ley sobre servicios funerarios y el que modificará la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de mejorar la lucha contra el fraude.
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En cuanto a la normativa sobre el servicio funerario, el anteproyecto de ley preveía eliminar diversas autorizaciones y requisitos de acceso a estas actividades, lo que podría reducir cargas administrativas por 18,3 millones de euros.

De esta manera, la norma pretende tener un impacto significativo sobre la mejora de la competencia en el sector y la calidad del servicio. En concreto, el 8% del ahorro total anual beneficia a las empresas en el momento de la creación por la eliminación de las barreras de acceso, y el 92% restante deriva de la eliminación de trámites asociados al ejercicio de la actividad.

Así, elimina los requisitos de acceso a la actividad, como el establecimiento mínimo de un número de vehículos o salas de velatorio, y la autorización de acceso al sector consistirá en una declaración responsable que habilitará a la empresa al desarrollo de la actividad en todo el territorio nacional.

MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Las modificaciones en la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han realizado con el fin de mejorar la lucha contra el fraude y para convertir estos organismos en un instrumento más especializado, con mejores medios tecnológicos y nuevos funcionarios especializados en materias de seguridad y salud en el trabajo.

El Gobierno espera dotar a la inspección de una organización "más adecuada" al actual escenario competencial y que permita una mejor cooperación entre las administraciones general y autonómicas.

Para ello, el anteproyecto de ley presenta dos contenidos básicos, por un lado, aumenta la "potencialidad" del sistema de Inspección, incrementando las facultades del personal para conseguir una mayor capacidad en la lucha contra el fraude (especialmente en materia de contratación y trabajo de menores) y, por otro lado, crea una nueva escala de subinspectores especializados en seguridad y salud que permitirá incrementar las actuaciones de vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

A la vez, el anteproyecto regula el empleo de las nuevas tecnologías y sistemas de información, poniéndolas al servicio de la actividad inspectora para conseguir mayor eficacia en la actuación.

La reforma del Gobierno también establece un marco jurídico que preserve la unidad de la institución y la haga compatible con el ejercicio de competencias sobre la función inspectora por parte de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

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