El organismo aprecia que la tasa que gravará a partir de noviembre las pernoctaciones turísticas no vulnera ni la Constitución ni el Estatut si se cumplen totalmente con las excepciones que prevé la normativa.
También dice que la reducción de la jornada y sueldo de los interinos de la Generalitat no es anticonstitucional ni antiestatutaria si esta medida sólo está en vigor durante dos años, como prevé el proyecto de ley.