Sábado 10/12/2016.

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El Congreso propone reducir un 25 por ciento los gastos del Estado en publicidad

La Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley en la que propone al Gobierno reducir un 25 por ciento los gastos de publicidad institucional del Estado, ya sean los de los propios ministerios o los de los entes vinculados a ellos.
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Así lo han acordado todos los grupos parlamentarios, a partir de una proposición presentada por el diputado de CiU Jordi Jané, ya que todos se han mostrado de acuerdo que los tiempos de crisis económica hacen necesarias políticas de austeridad como la aprobada en comisión.

En un principio, Jané había propuesto reducir los gastos de publicidad institucional en un 50 por ciento, pero finalmente decidió aceptar la enmienda del Grupo Socialista, en la que se sugería limitar esa reducción al 25 por ciento, porque "es mejor que nada" y con ello se aseguraba el respaldo a su proposición no de ley.

El texto también pide "concentrar la publicidad institucional de la manera más eficiente posible en torno a la información necesaria para aproximar la Administración General del Estado a la ciudadanía", así como "primar en la publicidad estatal, en el marco de la austeridad exigible, la difusión de los plazos y modos de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos".

El diputado de CiU ha explicado que el propósito de la proposición es evitar "campañas de autobombo" y primar en la publicidad "la difusión de los plazos y el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos". El diputado 'popular' Rafael Merino ha coincidido con Jané en el término "autobombo" y ha acusado al Gobierno de utilizarlo en todas sus campañas publicitarias.

PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Por otro lado, la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja también ha aprobado una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a "impulsar e intensificar" la firma de convenios entre la administración penitenciaria y las diferentes administraciones públicas para la creación de las plazas necesarias en los casos de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

La proposición habla tanto de todas las administraciones públicas, es decir, la estatal, la autonómica y la local, como de "otras entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública".

Asimismo, solicita al Gobierno que dé cumplimiento a los establecido en la legislación vigente en la que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.

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