Jueves 09/11/2017.

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Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña disparan su deuda en una década

  • Cataluña es la comunidad que tiene un mayor endeudamiento, cifrado en unos 75.000 millones de euros
  • Los fondos adicionales, establecidos por el Gobierno en plena crisis económica, "deberían ser eliminados"

Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares han disparado su deuda en la última década y en los cuatro casos su peso ya supera el 30 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico.

La Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde), gestionada por Governance and Economics Research Network de la Universidad de Vigo, ha difundido un informe en el que analiza la estabilidad presupuestaria de las comunidades y en el que propone alternativas para la sostenibilidad financiera de las mismas.

Entre las medidas que se aconsejan está fijar objetivos de déficit diferenciados para cada comunidad, reestructurar la deuda autonómica -aunque sin quitas- y crear nuevos fondos de reserva.

Rifde señala que el impacto de la reciente crisis económica supuso un fuerte crecimiento del endeudamiento de las autonomías, aunque también del Gobierno central, hasta el punto de que algunos territorios han disparado su deuda.

Así, en la Comunidad Valenciana el peso de su deuda era del 11,5 por ciento de su PIB en el año 2006 y ahora es del 42,5 %. Castilla-La Mancha ha pasado del 4,4 % al 37 %; Cataluña, del 7,8 % al 35,4 %, y Baleares, del 6,7 % al 30,1 %.

Madrid es la comunidad con un peso relativo inferior, del 14,4 % (en 2006 era del 5,6 %), seguida de País Vasco, con el 14,5 %, y Canarias, con el 16 %.

En términos absolutos, Cataluña es la comunidad que tiene un mayor endeudamiento, cifrado en unos 75.000 millones de euros, dos terceras partes contraídos con el Estado a través de los fondos de financiación adicionales como el FLA o el de Facilidad Financiera.

Según el informe de Rifde, estos fondos adicionales, establecidos por el Gobierno cuando, en plena crisis económica, algunas comunidades dejaron de poder financiarse en los mercados, deberían ser eliminados "en breve plazo" o, en su defecto, clarificados e individualizados, pero no mantenidos con carácter general e indefinido.

Coordinación en el Senado

Para avanzar en el camino de la sostenibilidad presupuestaria de las comunidades, el estudio aconseja modificar los procedimientos para definir los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, con una coordinación preferiblemente a través del Senado y, de no ser así, del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes.

También plantean los expertos una asignación diferenciada entre cada comunidad de los objetivos de déficit y deuda, no idéntica, para considerar situaciones de partida muy diferentes y poder definir sendas de consolidación fiscal acordes a la realidad con transparencia y criterios racionales.

De igual modo, creen que los límites previstos desde 1980 en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas deben ser actualizados, para que recobren eficacia y sirvan así a su auténtico objetivo.

El estudio incide asimismo en la gestión del endeudamiento acumulado por las comunidades en los últimos años, en particular el contraído con el Estado a través de los mecanismos extraordinarios y adicionales de financiación.

Según esta red de profesionales, hay "un amplio consenso" sobre la necesidad de reestructurar la deuda autonómica, incluyendo plazos, carencias e intereses, sin que ello implique quitas ni condonaciones.

Al mismo tiempo, el informe aconseja automatizar algunas de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que prevé la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a fin de facilitar su aplicación y promover su efectividad, y también se aboga por reforzar la rama preventiva y los mecanismos de alerta temprana.

Otras propuestas pasan por instaurar fondos de estabilización económica o fondos de reserva en el ámbito autonómico, que servirían de complemento a la regla de gasto y a los límites al déficit y a la deuda, para favorecer la estabilidad de los presupuestos, sobre todo para garantizar los servicios públicos fundamentales, y amortiguar las caídas bruscas de recursos.

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