El Pleno del Parlamento catalán ha aprobado este viernes la Ley de Consultas elaborada por la ponencia que han integrado todos los grupos parlamentarios de la cámara, a excepción de Ciutadans.
El resultado de la votación ha sido de 106 a favor, 28 en contra y ninguna abstención, por lo que el Parlament da el visto bueno al texto de la Comisión de Asuntos Institucionales, y que permitirá, entre otras cuestiones, preguntar a los catalanes sobre la pertinencia o no de seguir perteneciendo a España, o como han preferido referirse al país la mayoría de parlamentarios, al ‘estado español’.
Artur Mas, de este modo tiene vía libre para firmar la entrada en vigor de la ley que le avala para sacar las urnas a la calle el próximo nueve de noviembre. No sólo tiene el mandato del Parlament, como a él le gusta decir, sino que en el seno de la coalición que preside, Unió Democrática de Catalunya no ha dado pasos que agranden la fisura con Convergencia Democrática.
Ahora, queda por saber cuándo firmará el texto el president de la Generalitat. De ello dependerá la fecha en la que Rajoy convocará el Consejo de Ministros extraordinario con el que recurrirá al Tribunal Constitucional la ley catalana.
Previa a la votación del texto y las enmiendas presentadas por cada uno de los grupos parlamentarios, protagonizadas por los populares y Ciutadans, el debate parlamentario ha servido para que cada portavoz expusiera las posturas de sus respectivos partidos.
El secretario de organización de CDC, Josep Rull, comenzaba la ronda de intervenciones de «una jornada histórica para Catalunya», tal y como la ha calificado el diputado. Prueba de la importancia del Pleno de hoy, era la enorme asistencia de no parlamentarios en las tribunas y en la puerta de la cámara: miembros de la Asamblea Nacional Catalana, Sociedad Civil Catalana y un grupo de manifestantes pro independencia.
El portavoz de CiU ha querido quitarle hierro a las implicaciones políticas que tendrá la aprobación de la ley de Consultas. Ha pretendido vestirla como una herramienta que permita a los catalanes decidir sobre asuntos de viltal importancia para el devenir de la sociedad. La ley contempla la convocatoria de consultas no refrendarias por parte de la Generalitat y los Ayuntamientos. Las cuestiones de estas preguntas pueden afectar al conjunto de la sociedad y también pueden tener un carácter sectorial.
Sin embargo, Rull no ha respondido a aquellos que le han preguntado sobre si convocará consultas para que los catalanes se expresen acerca de otros asuntos como las subidas de impuestos.
Según la postura de CiU, el texto no es el instrumento para realizar un referéndum el próximo 9 de noviembre o en cualquier otra fecha pero el representante del partido en el Govern insiste en que las garantías democráticas de la consulta del 9-N son las propias que da el texto aprobado hoy.
En su intervención final, Rull asegura que la consulta es imparable porque la mayoría de catalanes quiere pronunciarse. Ha recordado las palabras de un ciudadano catalán de origen extremeño en un mitin de Terrassa. «No tuvimos miedo de la dictadura, ¿lo tendremos de la democracia?».