Jueves 08/12/2016.

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Chaves no cree que el PP le "pida disculpas" por el caso Matsa

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se ha mostrado convencido de que el PP no le va a "pedir disculpas" después de que el Tribunal Supremo haya revocado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de ordenar a la Junta abrirle expediente sancionador por no inhibirse como ex presidente andaluz en el procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabajaba su hija Paula "porque eso exige mucha altura de miras y de eso andan bastante escasos en el PP".
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Chaves no cree que el PP le "pida disculpas" por el caso Matsa Chaves no cree que el PP le "pida disculpas" por el caso Matsa

En declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press, Chaves ha asegurado que fue "el rencor" por sus sucesivas victorias electorales en Andalucía lo que llevó al presidente del PP-A, Javier Arenas, a "presentar esas querellas" por el caso Matsa y ha defendido que "en la confrontación política no se puede utilizar a la familia ni a los hijos".

"Hubiera sido suficiente una confrontación política, seguramente yo hubiera tenido también muchos flancos para atacar desde el punto de vista político, pero él ha querido enfangar todo un periodo de la historia reciente de Andalucía y, lo que es más lamentable, utilizando a los hijos", ha añadido el ex presidente de la Junta, que ha advertido a los populares que "el rencor es mal consejero en política"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha revocado este miércoles la decisión del TSJA de ordenar a la Junta abrir expediente sancionador al vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, por no inhibirse en el procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabajaba su hija, Paula Chaves Iborra.

Los magistrados del alto tribunal han considerado que el PP andaluz, que presentó el recurso ante el TSJA, no disponía de "legitimación" para hacerlo, han informado fuentes jurídicas. El recurso aparecía firmado por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, y otros dirigentes 'populares'.

Así, los magistrados de la Sala han estimado el recurso presentado por la Junta andaluza contra la sentencia del TSJA que, en enero de este año, anuló el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 31 de julio de 2009, que eludió expedientar a Chaves, e instó al gobierno autonómico a abrirle un expediente sancionador.

La resolución del TSJA exponía que la decisión de los consejeros de la Junta "vulnera el reglamento de la potestad sancionadora, e ignora los principios constitucionales consagrados en los artículos 103.1 y 9.3 de la Carta Magna".

El tribunal andaluz consideraba que no habían quedado debidamente justificadas las actuaciones previas que previene la norma porque "en lugar de determinar con la mayor precisión posible los hechos denunciados, sin actividad investigación alguna, se han limitado a elaborar unos informes jurídicos interpretativos sobre el precepto que se denunciaba infringido, el apoderamiento en relación con la actuación ante la Administración o el artículo 18 de la Ley de Procedimiento, con la única finalidad de exculpar "ab initio" al alto cargo".

El tribunal andaluz añadía que lo "realmente trascendente" no era si la Junta tenía o no conocimiento de la relación de Paula Chaves con la empresa Matsa, sino si Chaves, cuando presidió el Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009, ratificando la subvención a favor de esta empresa, conocía la relación contractual de su hija con esta.

Señalaba que Paula Chaves pertenecía a Matsa desde julio de 2007 "con funciones de asesoramiento jurídico" y que la relación laboral era conocida por su padre, por lo que la investigación debe centrarse en esos hechos "y no en una mera interpretación jurídica del precepto".

En opinión del TSJA, la presencia de Chaves en el procedimiento de concesión de incentivos a Matsa podría suponer un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y exigía "una mínima investigación" dada la "gravedad evidente" de la cuestión.

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