El expresidente valenciano Francisco Camps comparece este miércoles como testigo en el juicio de Gürtel tras haber negado ayer en el Congreso las acusaciones de su compañero de partido Ricardo Costa, que le acusó de haber ordenado financiar actos del partido de forma irregular con comisiones de empresarios.
Su declaración -en la que como testigo, al contrario de los acusados, está obligado a decir verdad- es una de las más esperadas en este juicio a la rama valenciana de Gürtel después de que Costa le apuntara como responsable de la financiación en b de actos de campañas electorales en 2007 y 2008.
Sobre esas acusaciones, Camps se pronunció ayer en la comisión del Congreso en la que se investiga la financiación del PP y aseguró que las cuentas de su partido, tanto a nivel nacional como regional, «han sido siempre legales, ajustadas a derecho y revisadas por el Tribunal de Cuentas».
Por ello cree que lo declarado por Costa forma parte de su estrategia de defensa, y no entiende que nueve años después de que estallara Gürtel se dé más veracidad a la nueva versión de su ex compañero de filas que a las de otros acusados que siempre han mantenido que «jamás hubo ninguna irregularidad en el funcionamiento del partido».
También ha sido llamado a declarar hoy como testigo el expresidente de las Cortes y ex director general de la Policía Juan Cotino, cuyo sobrino Vicente Cotino es uno de los nueve empresarios que contribuyeron a esa financiación ilegal y que todos ellos confesaron antes de que comenzara el juicio.
La declaración de Camps, y también la de Cotino -a quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel en la causa sobre la visita del Papa a Valencia-, ha creado gran expectación mediática después de que Costa les responsabilizara de la operativa en negro para financiar actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
Costa aseguró textualmente: «Francisco Camps y Juan Cotino le encargaron en 2006 al entonces vicepresidente de la Generalitat valenciana, Víctor Campos, las relaciones con los empresarios -la mayoría con adjudicaciones públicas en la Comunidad valenciana- que favorecían al partido».
Las acusaciones contra Camps como el artífice del sistema de financiación en negro del PP valenciano comenzaron cuando el líder de la trama Gürtel Francisco Correa, empujado por la confesión de los nueve empresarios acusados en este juicio, señaló directamente a Ricardo Costa como la persona que les dijo que si querían cobrar por servicios en actos de campaña tendrían que facturarlo a empresarios.
Esta nueva confesión causó un efecto dominó en el banquillo y provocó que los principales encausados, Pablo Crespo, Álvaro Pérez «El Bigotes» y el propio Costa anunciaran, en busca de atenuantes, su intención de colaborar para esclarecer los hechos.
La Fiscalía reveló que cuando finalice el juicio decidirá si actúa contra Camps por estos hechos, si bien los delitos electorales que podrían imputarse al expresidente valenciano por las campañas de 2007 y 2008 estarían prescritos al haber transcurrido ya diez años sin haber sido investigado por estos hechos.
Camps -que resultó absuelto junto a Costa en el caso de los trajes- tiene actualmente abierta una causa en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que investiga supuestas irregularidades en la organización de grandes premios de Fórmula 1 en esa comunidad autónoma y ha sido citado a declarar como investigado el próximo 18 de mayo.