Domingo 04/12/2016.

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Campo rechaza el copago en Justicia para no restringir un derecho fundamental

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha mostrado en contra del "copago" en la Administración de Justicia para no poner cortapisas al derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, en función de la capacidad económica de cada uno.
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Campo rechaza el copago en Justicia para no restringir un derecho fundamental Campo rechaza el copago en Justicia para no restringir un derecho fundamental

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha mostrado en contra del "copago" en la Administración de Justicia para no poner cortapisas al derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, en función de la capacidad económica de cada uno.

En una entrevista con EFE, en la que también ha hecho balance de las reformas que el Gobierno ha acometido esta legislatura para modernizar la Justicia, Campo ha defendido un modelo público de justicia universal y gratuito, al tratarse un servicio "exclusivo y excluyente", ya que hay una sanidad pública y privada, pero no una justicia privada.

En el actual contexto de crisis económica, ha destacado la importancia de poner en marcha políticas de austeridad, como está haciendo este Gobierno, pero se ha mostrado en contra de restringir un derecho fundamental.

Si se ponen trabas de tipo económico y no se puede acceder a la justicia por falta de recursos, se quiebra un derecho fundamental de una parte de la ciudadanía, ha advertido.

Campo ha reconocido también que la crisis ha afectado al proceso de transferencias de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas, aunque ha recordado que el ministro, Francisco Caamaño, ha cerrado el traspaso con las comunidades de Murcia y La Rioja.

Ha apuntado que la Región de Murcia "peleó" legítimamente por tener las competencias de Justicia, pero no pudo asumirlas por el problema del déficit presupuestario, lo que la llevó a hablar de la devolución al Estado de éste y otros servicios públicos.

El juego normativo de la Constitución y los Estatutos de Autonomía hace que las comunidades autónomas tengan las competencias de justicia, ha explicado el secretario de Estado, quien ha indicado que esto "no es un tema de negociación", sino que lo que se negocia es el decreto de transferencia y el momento de entrega de los recursos humanos y medios materiales.

"Quien plantea la devolución de las competencias de Justicia, está pidiendo un cambio de los Estatutos de Autonomía", ha remarcado Campo, que se declara defensor del modelo establecido en la Carta Magna de 1978, con las matizaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional.

Tras el conflicto surgido a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas catalanas, el secretario de Estado ha señalado que "las resoluciones judiciales tienen que ser respetadas y acatadas", al margen de la polémica, que contribuye a que la ciudadanía pueda formar su criterio.

Campo reitera también su respeto y confianza en los tribunales al referirse al "caso Faisán", sobre el que afirma que "no hace falta mucha elucubración para llegar a la conclusión de que el PP pretende erosionar al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, a costa de la investigación del "chivatazo" a ETA.

En el balance que hace de la gestión del Ministerio de Justicia en esta legislatura, el secretario de Estado, sin caer en la "autocomplacencia", expresa su satisfacción por haber logrado colegiar los esfuerzos del sector y del Parlamento para avanzar en la construcción de una justicia moderna, ágil y eficaz en los últimos años.

No obstante, reconoce que, para que se produzca un cambio en la imagen de la Justicia que tienen los ciudadanos, hay que esperar a que todas las medidas estructurales emprendidas, como la nueva oficina judicial, los jueces de adscripción territorial, el aumento de las plantillas de magistrados y fiscales o las reformas procesales y tecnológicas, vayan dando su fruto.

Entre las reformas que quedan pendientes, Campo lamenta que haya faltado tiempo para tramitar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dará la investigación al fiscal, pero confía en que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros sea tenido en cuenta cuando se aborde una reforma del proceso penal.

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