Miércoles 07/12/2016.

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Caamaño pide respetar a los procesados, que "han acreditado su valía en la lucha contra el terrorismo"

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha rechazado este viernes valorar la decisión de la fiscalía de pedir la retirada del procesamiento por colaboración con organización terrorista a los tres policías relacionados con el presunto chivatazo a ETA en el bar Faisán pero ha pedido "no adelantar elementos" que pueden afectar a la presunción de inocencia de quienes "han acreditado su valía en la lucha contra el terrorismo".
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Caamaño pide respetar a los procesados, que "han acreditado su valía en la lucha contra el terrorismo" Caamaño pide respetar a los procesados, que "han acreditado su valía en la lucha contra el terrorismo"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Caamaño ha seguido el ejemplo del portavoz del Gobierno de no valorar las decisiones judiciales y ha emplazado a esperar a que los órganos judiciales se pronuncien sobre el asunto.

"Debemos dejar a la justicia las decisiones y no adelantar elementos que pueden afectar la presunción de inocencia de tres policías que han acreditado su valía en la lucha contra el terrorismo en nuestro país", ha subrayado.

Este viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a juez Pablo Ruz la retirada del procesamiento por colaboración con organización terrorista impuesto al ex director general de la Policía Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policia del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros, en la causa que investiga el chivatazo a miembros de aparato de extorsión de la banda terrorista ETA.

Según explica en un escrito remitido al Juzgado el fiscal Carlos Bautista, los tres policías no mantienen "afinidad ideológica" con los objetivos de la organización terrorista lo que, en aplicación de la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, invalidaría el delito de colaboración.

El juez Ruz procesó el pasado 13 de julio a los tres policía por la comisión de delitos de colaboración con ETA o encubrimiento y revelación de secretos, que llevan aparejadas penas de hasta 13 años de prisión.

Especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones. Ballesteros fue, en opinión del magistrado, el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.

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