El Gobierno de España pidió este viernes «contención» a los fiscales a la hora de hablar públicamente sobre casos de corrupción en proceso de investigación o juicio, tras las declaraciones de los últimos días de Pedro Horrach sobre la sentencia del »caso Nóos» y de Manuel López Bernal sobre el »caso Auditorio».
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a cuenta de las manifestaciones de Horrach sobre la libertad sin fianza de Iñaki Urdangarin y de López Bernal sobre supuestas presiones por actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Méndez de Vigo replicó que «las declaraciones de unos y de otros tienen que tener contención» al valorar las actuaciones y sentencias de los tribunales, incluidas las que puedan realizar los fiscales que intervienen en los diferentes casos.
«Los fiscales muchas veces dicen que se les presiona o que hay presión mediática y si saben de algún tipo de presión o conducta delictiva deben denunciarlo y ponerlo en conocimiento por escrito de la Fiscalía», dijo.
El portavoz del Ejecutivo defendió una y otra vez la «independencia» del Poder Judicial y recordó especialmente que las actuaciones de los fiscales e incluso sus nombramientos son ajenos a las directrices políticas.
A su juicio, no debe haber «ninguna duda sobre el procedimiento, mérito e idoneidad» de los fiscales porque el proceso para su elección está «tasado» y es «totalmente transparente». Explicó que ha sido necesario que hubiera Gobierno en activo para nombrar a un fiscal general del Estado y que después comenzara el proceso de nombramientos.
«Una vez que hay un fiscal general, ha reunido al Consejo Fiscal con los fiscales de carrera nombrados por sus propios compañeros y son plazas de concurso que cualquier fiscal puede decidir y al final es el Consejo Fiscal creado por los propios fiscales quien decide los cambios», dijo.
Méndez de Vigo agregó que el Gobierno se limita a aprobar los nombramientos porque el ministro de Justicia recibe la propuesta del fiscal general y la eleva al Consejo de Ministros para que cuente con luz verde oficial.