Miércoles 20/06/2018.

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EL CONGRESO DEBATIRÁ MAÑANA SEGUIR ADELANTE CON LA DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El Congreso de los Diputados debatirá mañana, jueves, si sigue adelante con la derogación de la prisión permanente revisable o, por el contrario, aprueba una enmienda de totalidad y esa posiblidad queda por el momento descartada.

El Pleno debatirá las enmiendas de totalidad a la proposición de ley del PNV que busca reformar el Código Penal para derogar esa figura. La iniciativa fue tomada en consideración meses atrás gracias en parte a la abstención de Ciudadanos, que ahora ha presentado una enmienda de totalidad cuya aprobación supondría echar por tierra la continuidad de la tramitación.
El PP unirá sus votos a los de Ciudadanos, pero, como recordó el pasado viernes Albert Rivera, no suman apoyo suficiente para sacar adelante la enmienda si Unidos Podemos y el PSOE se unen al PNV. Por ello, ambos partidos piden al PSOE que se abstenga para que la ley quede como está al menos, dicen, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que presentaron los socialistas.
Rivera lanzó esa petición tras reunirse con los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, impulsores junto al padre de Marta del Castillo de una petición de firmas que ha sumado más de tres millones de apoyos para mantener la prisión permanente revisable en el Código Penal.
La pasada semana, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, también se reunió con Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, a quienes también les explicó la posición de los socialistas sobre la posición permanente revisable.
CÓDIGO PENAL DURO
Los socialistas están en contra de esta figura porque consideran que España tiene un Código Penal “extraordinariamente duro” y que, estando la prisión permanente revisable en vigor, no se han impedido asesinatos como el de Diana Quer.
En la pasada legislatura, el PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional la prisión permanente revisable y el fallo está todavía pendiente. En coherencia con su propia decisión, dicen desde Ciudadanos, los socialistas deberían esperar a la resolución de ese recurso antes de "derogar en caliente".
En la exposición de motivos de su iniciativa, el PNV considera que la "cadena perpetua revisable" persigue únicamente "una función retributiva y vengativa de la pena, ya superada por las teorías de la humanización de la pena, más propias de los sistemas democráticos maduros y asentados".
En opinión de esta formación, debería primar la responsabilidad a la hora de modificar el Código Penal. "Responsabilidad para con el modelo garantista que antaño nos dimos; para asumir como propia la idea de que la seguridad no lo es todo, de que hay otros derechos y principios que deben inspirar nuestro sistema. Sólo así podremos evitar un día hallarnos inmersos en un Derecho Penal totalitario, desigualitario, desproporcionado e injusto", advierte.
ENMIENDA DE CIUDADANOS
Ciudadanos insiste en que si simplemente se deroga la prisión permanente revisable se quedaría vigente la redacción anterior del Código Penal, "que tampoco resuelve nada", y defiende por ello una enmienda a la totalidad para endurecer al acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios de los condenados por delitos especialmente graves, con el objetivo de que no puedan acceder hasta cumplidos veinte años de condena.
La tesis de Ciudadanos es que es el tercer grado lo que permite que condenados por delitos graves a penas de prisión de 30 o 40 años estén en la calle cuando apenas han cumplido 15, y mantienen que eso puede ocurrir incluso a pesar de ser condenados a prisión permanente revisable.
Propone, por tanto, revisar el tercer grado para facilitar así el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. "Creemos que ese es el debate que debe tener la sociedad española para defenderse de determinados delincuentes", aseguró el secretario general, José Manuel Villegas, al presentar la enmienda.
En la exposición de motivos de la enmienda, Ciudadanos reconoce las muestras de preocupación en la sociedad por la comisión de delitos "especialmente abyectos" que demandan una respuesta del ordenamiento jurídico "extraordinaria y proporcional a la gravedad de los hechos". Como consecuencia de ello, recuerda, en 2015 se introdujo en el Código Penal la prisión permanente revisable para delitos de extrema gravedad ante los que la ciudadanía reclama "un mayor castigo".
Paradójicamente, explica Ciudadanos, a pesar de ese aparente endurecimiento del castigo para los crímenes más reprochables, "lo cierto es que el régimen de tercer grado permite una significativa laxitud, en la medida en que el condenado a pena de prisión permanente revisable tiene oportunidad de salir de prisión, en los términos del régimen señalado, sin haber cumplido su pena de manera efectiva".
CUMPLIMIENTO MÍNIMO
Propone por ello modificar el artículo 36 del Código Penal para asegurar que toda persona condenada a prisión permanente revisable por la comisión de uno o más delitos de especial gravedad no pueda acceder a la clasificación en el tercer grado hasta el cumplimiento de un mínimo de 20 años de prisión efectiva, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 78 de esa ley.
La formación pretende modificar también ese precepto para que, cuando la gravedad de la condena lo exija, el acceso al tercer grado "resulte más restrictivo" que en los casos anteriores previstos en ese artículo, una excepcionalidad aplicable solo a quienes hayan sido condenados por la comisión de varios delitos, siempre y cuando al menos uno de ellos esté castigado con la pena de prisión permanente revisable.
También propone un régimen "especialmente restrictivo" para los condenados por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo de los comprendidos en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, o cometidos en el seno de organizaciones criminales.
Finalmente, Ciudadanos quiere modificar el régimen de concesión de permisos de salida para aquellas personas que hayan sido condenadas a penas de prisión permanente revisable, de manera que solo puedan otorgarse una vez que se hayan cumplido al menos quince años de prisión efectiva.

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