Miércoles 17/10/2018.

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EL SUPREMO CONFIRMA MULTAS POR 16,9 MILLONES DE EUROS A BANCO SANTANDER POR INFRACCIONES AL COMERCIALIZAR 'VALORES SANTANDER'

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la resolución del subsecretario de Economía y Competitividad, de 16 de mayo de 2013, que a su vez confirmó dos sanciones que suman una multa de 16,9 millones de euros al Banco Santander por infracciones en la comercialización de 'Valores Santander'.

La primera de las sanciones es una resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 13 de junio de 2012, que impuso al Banco Santander una multa de 10 millones de euros, como autor de una infracción grave prevista en el artículo 100.t/ de la Ley del Mercado de Valores, por no disponer de información necesaria sobre sus clientes en el proceso de suscripción de la emisión del producto 'Valores Santander'.
La segunda es la Orden de 20 de julio de 2012 del secretario de Economía y Apoyo a la Empresa, por delegación del ministro de Economía, y a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que dictó una multa de 6,9 millones de euros por otra falta, en este caso muy grave, prevista en el artículo 99.z.bis/de la misma ley, por el incumplimiento de alguna de las obligaciones que regulan la relación entre la entidad financiera y su cliente respecto al mismo producto.
La Sala ha estimado el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, por un lado, anuló la primera de las multas citadas -10 millones de euros por una falta grave- y, por otro lado, mantuvo la segunda de ellas -6,9 millones de euros por falta muy grave. Al mismo tiempo, ha desestimado el recurso de casación del Banco Santander en el que solicitaba la nulidad de esta última sanción.
El Supremo indica que no comparte el criterio de la sentencia recurrida respecto a la primera de las multas y explica que los 'Valores Santander', de acuerdo con la resolución sancionadora, fueron calificados por el propio banco como producto “amarillo”, que significa de riesgo y complejidad media, lo que suponía, conforme al Manual de procedimientos del Grupo Santander para la comercialización minorista de productos, que debían de comercializarse de forma generalizada entre los clientes que, al margen de sus objetivos de inversión y experiencia inversora, tuvieran un patrimonio superior a 200.000 euros.
Añade que también podía comercializarse, aunque de forma no habitual, entre clientes con patrimonio inferior a 200.000 euros siempre que cumplieran dos condiciones: la primera, que los comerciales considerasen que el producto se ajustaba al perfil del cliente; y la segunda, que el cliente firmase un documento en el que reconocía haber sido informado de las características y riesgos del producto, haber hecho su propio análisis y haber decidido proceder a la suscripción del mismo.
La sentencia señala que el banco procedió siguiendo “criterios meramente patrimoniales, de manera que, sin tener en cuenta ni la experiencia inversora ni los objetivos de inversión de los clientes, procedió únicamente a segmentarlos en tres categorías: categoría A (Banca Privada), para aquellos con patrimonio superior a 500.000 euros; categoría B (Banca Personal), para patrimonios entre 200.000 y 500.000 euros, y categoría C (Banca de Particulares), para patrimonios inferiores a 200.000 euros.
El tribunal concluye que “no hay en el expediente ningún dato o documento que acredite el cumplimiento de la obligación de recabar información y perfilar a los clientes; ni consta que el banco diese a los comerciales ninguna instrucción o directriz que tuviera como finalidad impartir criterios objetivos para que la determinación la adecuación del producto al perfil de cliente se hiciera por todos los comerciales de forma relativamente homogénea”.
“Por todo ello consideramos que aunque la fecha de la emisión del producto denominado Valores Santander es anterior a la trasposición de las Directivas MIFID por la ley 47/2007, que introdujo una regulación más pormenorizada de la obligación de recabar información de los clientes, dicha obligación ya se recogía en la anterior redacción del artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores, que es la aplicable al caso, y Banco Santander, S.A. la incumplió, en los términos y por las razones que acabamos de exponer”, subraya la Sala.

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