Lunes 22/01/2018.

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COMIENZA EL JUICIO CONTRA LA CÉLULA YIHADISTA QUE PLANEÓ ATENTAR CONTRA EL PARLAMENTO DE CATALUÑA

Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra 10 presuntos integrantes de una célula yihadista afincada en Cataluña que estaba estudiando la posibilidad de atentar contra el Parlament y otros edificios significativos. La Fiscalía pide para ellos penas de entre siete y 19 años de cárcel por integración en organización terrorista, colaboración con organización terrorista y desplazamiento a zona de conflicto.

La célula respondía al nombre de Fraternidad Islámica y hacía labores de captación y adoctrinamiento yihadista, planeaba enviar combatientes a Siria y diseñaba posibles atentados contra lugares emblemáticos o instituciones en Cataluña, comisarías, sinagogas u hoteles.
“Morir en nombre de Alá no duele, es como un pellizquito”, decía un miembro del grupo en las escuchas interceptadas por la Policía por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investigó el caso.
La célula estaba liderada por Antonio S.M., un español converso que trabajaba de peluquero y que se dedicaba presuntamente a la captación de miembros y a su adoctrinamiento, como trató de hacer con un agente de los Mossos d'Esquadra infiltrado dentro de la llamada `Operación Caronte´.
Los otros procesados son Lahcem Z., Rida H. y Said T., por hacer captación y estar dispuestos a ir a combatir a Siria, y Gonzalo C.N, David F.P., Jacob O., Taoufiq M., Mohamed E.G. y Kayke Luan R.G. Estos tres últimos, dada su progresiva radicalización intentaron desplazarse a Siria en noviembre de 2014, aunque tuvieron que desistir por estar vigilados por la Policía. Llegaron a salir de Barcelona y fueron detenidos en la frontera entre Bulgaria y Turquía.
En su resolución, el magistrado mantiene que existen "indicios racionales" contra los 10 procesados por sus tareas de captación y adoctrinamiento de personas dirigidas a la incorporación al ejército del Estado Islámico además de “la preparación de actos para atentar en Cataluña”.
La operación se inició en 2014 y acabó con la desarticulación de la organización y la detención de sus 10 integrantes y de un cómplice. Se trataba de un militante neonazi, amigo del líder yihadista, que le había pedido colaboración para acceder a armas y explosivos con la finalidad de atentar contra intereses judíos en Barcelona. La Audiencia Nacional decidió finalmente no imputarle en la causa porque no llegó a colaborar con los terroristas.
A Taoufiq M. y Kayke R. se les encontraron cartas de despedida dirigidas a sus parejas cuando se fueron hacia Siria, además de numerosa documentación sobre consultas de documentos y vídeos yihadistas. Rida H. habló con la persona que se fue a Siria, mientras que Said T. tenía fotos en el móvil de posibles objetivos que hizo con el agente encubierto y con un menor, como la comisaría de los Mossos de la plaza de España de Barcelona o de un centro comercial.
Durante casi un año, agentes de los Mossos vigilaron a este grupo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y pincharon sus conversaciones. En una de ellas Taoufiq M. habla con una mujer sobre el martirio de niños yihadistas en Siria. Ella le acaba diciendo: "No sé; a mí se me va la cabeza, ¿sabes? Me cojo mis cosas y me tiro para Siria, tío, que le den por saco a todo el mundo". Y continúa: "Te llamaré y te diré que estoy en el aeropuerto", y él le responde: "Espera que voy con la maleta". "Anda, no lo harías... ¿Lo harías?", pregunta ella.
Los Mossos infiltraron a un agente cuando sospecharon de la existencia de una célula que podría estar enviando a personas al Estado Islámico. El Ministerio de Interior impidió a la Policía autonómica el acceso a las redes convencionales de información policial terrorista internacional.
Los agentes de la Policía Nacional llegaron a alertar a los presuntos terroristas yihadistas de que estaban siendo investigados por la Policía catalana. Pocos días después los Mossos denunciaron los hechos ante la Audiencia Nacional y la Fiscalía y a raíz de esa denuncia estalló una tormenta política entre la Generalitat y el Gobierno central. Finalmente la causa fue archivada.

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