La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite este martes la querella del Ministerio Fiscal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido la votación de una moción a favor de la independencia en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, dio instrucciones al responsable de esta institución en Cataluña, José María Romero de Tejada, para que se querellara contra la presidenta del Parlamento de esta comunidad por prevaricación y desobediencia.
A través de un comunicado, la Fiscalía General informó de que había ordenado a Romero de Tejada que presentara esta querella contra Forcadell ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La institución que dirige Madrigal indicó que se tomó esta decisión después de que el pasado 10 de octubre el Tribunal Constitucional remitiese “testimonio de particulares en ejecución de su auto de fecha 6 de octubre de 2016”.
En este auto, el Pleno del Constitucional decidió, por unanimidad, pedir a la Fiscalía que actuase penalmente contra Forcadell por someter a votación en la Cámara autonómica la »Comisión de Estudio del Proceso Constituyente», instrumento con el que los nacionalistas quieren promover la independencia catalana.
DECISIÓN DE JULIO PASADO
Los hechos por los que los magistrados pedían proceder contra Forcadell se produjeron el pasado 27 de julio, momento en que la presidenta del Parlamento catalán impulsó la votación de las conclusiones de la citada comisión, en contra de las indicaciones del Constitucional.
Este tribunal le había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa parlamentaria que tratara de avanzar en el proceso secesionista de Cataluña.
El texto, respaldado por la mayoría independentista de Junts pel Sí, en el que se integran la antigua CiU y ERC, y la CUP, ponía las bases para iniciar el camino unilateral hacia la independencia.
En un auto del 6 de octubre pasado, el Constitucional también anulaba la votación de julio en la Cámara catalana y pedía a sus órganos de gobierno no tomar ninguna decisión que pueda emanar de la aprobación de las conclusiones de la citada comisión.