Jueves 19/10/2017.

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CATALUÑA. EL CGPJ ENVIARÁ A LA FISCALÍA LAS INJERENCIAS EN LA LABOR JUDICIAL

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, “poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier actuación que pudiera realizar la Comisión Especial sobre la violación de los derechos fundamentales en Cataluña que suponga supervisión o injerencia de cualquier tipo en la labor realizada por jueces o magistrados, por si pudiera ser constitutiva de delito”.
Además, requerirá a la Generalitat de Cataluña para que deje sin efecto el acuerdo de creación de esa Comisión Especial, “específicamente en lo atinente a la investigación de los órganos judiciales y la depuración de las eventuales responsabilidades”.
La Permanente fundamenta su requerimiento en que el acuerdo del Gobierno catalán es “contrario a la Constitución Española y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, normas en las que se proclama el principio de independencia judicial”, y contraviene además “lo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”.
RECURSO DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO
El requerimiento tiene carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Generalitat por parte de la Abogacía General del Estado, a la que el pasado día 13 el presidente del Supremo y del CGPJ solicitó que ejercitara las acciones legales procedentes. La decisión fue ratificada hoy por la Comisión Permanente, que además ha acordado instar a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que comunique a los jueces y magistrados del territorio que pongan en conocimiento del órgano de gobierno del Poder Judicial “aquellas comunicaciones, requerimientos o solicitudes que se les dirijan por la referida Comisión Especial creada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a los efectos oportunos”.
Además, el Consejo denunciará el acuerdo de la Generalitat ante la Red Europea de Consejos de Justicia, “al suponer una muy grave injerencia en la independencia de los jueces y magistrados que sirven en los órganos judiciales de Cataluña”, y se dirigirá a la Cumbre Judicial Iberoamericana para poner en conocimiento de los poderes judiciales de los países miembros “la gravedad de la situación que se está produciendo en la Comunidad Autónoma de Cataluña de atentado a la independencia judicial”.
La Permanente trasladará igualmente los hechos a las instancias internacionales “con relevancia en la salvaguarda del Estado de Derecho y de la independencia judicial”, como el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, el secretario general y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, el Comité Consultivo de Jueces Europeos, la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Comisión Europea o la Red de Presidentes de Cortes Supremas de la Unión.

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