Domingo 11/12/2016.

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La vieja guardia de Batasuna continúa controlando los movimientos de Bildu en las instituciones

Interior no ha dado orden expresa de hacer seguimiento de la actuación de la coalición, pero las FCSE hacen informes de oficio
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La vieja guardia de Batasuna continúa controlando los movimientos de Bildu dentro de las instituciones. Así lo atestiguan fuentes de la lucha antiterrorista que siguen preparando informes de la actuación de la coalición, que realizan de oficio, aunque dicen no tener orden expresa del Ministerio del Interior para ello.

Las fuentes consultadas explicaron que buena parte de los integrantes de la ilegalizada Batasuna sigue ejerciendo actividad y dirección política en la sombra, y son quienes organizan y deciden muchas de las actuaciones que están llevando a cabo en los municipios y las instituciones gobernadas por Bildu.

Los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se remitieron al Tribunal Supremo, cuando Fiscalía y Abogacía del Estado pidieron que se ilegalizara la coalición, ya aportaban pruebas del control que estaban ejerciendo los integrantes de la vieja guardia de Batasuna en la composición de las listas y en la estrategia electoral.

Esta dirección no ha dejado de ejercerse, según las investigaciones practicadas, y ahora, una vez que Bildu ha accedido a las instituciones siguen teniendo el mando de la situación. Estas mismas fuentes precisaban que, además, buena prueba de ello son las contrataciones de "comisarios políticos" que están llevando a cabo los regidores de la coalición.

Precisamente, esta misma semana se ha conocido el equipo de Gobierno de la Diputación de Guipúzcoa en el que Bildu ha incluido a ex dirigentes de la ilegalizada Batasuna y sus sucesivas marcas. Así, el nuevo jefe de gabinete del Diputado General será Iñaki Errazkin, quien accedió a la alcaldía de Azpeitia por ANV en 2007 y se negó a condenar los atentados de ETA que costaron la vida a Isaías Carrasco y al empresario Ignacio Uría.

Lo mismo sucede con el nuevo titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Alduntzin, alcalde de Batasuna en Pasajes que tampoco rechazó los atentados de la banda. También ocupará la cartera de Administración Foral y Función Pública la ex dirigente de la izquierda abertzale Garbiñe Errekondo, que fue edil de por HB Usurbil 1987 y 1991. Anteriormente había sido nombrado asesor del alcalde de San Sebastián Josetxo Ibazeta, ex edil de EH y dirigente histórico de Batasuna.

Las fuentes consultadas explican que desde que se celebraron las elecciones municipales y forales el pasado 22 de mayo, en las que Bildu cosechó 310.000 votos, no han recibido ninguna orden expresa y por escrito del Ministerio del Interior para que pongan el foco en las actuaciones de la coalición que puedan ser sospechosas.

Sin embargo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están actuando de oficio y remiten informes periódicos a la Comisaría General de Información de Madrid.

INCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DE BILDU

En dichos informes se incluyen también algunos de los recientes episodios protagonizados por Bildu o incidentes acaecidos en los municipios gobernados por esta coalición. Entre estos sucesos se encuentran la exhibición de fotos de etarras en las fiestas de las localidades guipuzcoanas de Hernani y Zarautz.

En este último municipio, al igual que en Vitoria, se registraron además altercados de violencia callejera que, según las fuerzas de seguridad, podrían repetirse a lo largo del verano en otros puntos del País Vasco y Navarra.

Otro de los desafíos que están planteando los cargos de Bildu es la retirada de los símbolos constitucionales de los edificios consistoriales. El Sindicato Manos Limpias presentó una denuncia ante el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, en el que se denunciaba la retirada de la bandera española al menos en los municipios de Lizarza, Mondragón, Hernani, Usurbil, Lekeito, Oiartzun, Etxarri-Aranaz, Lezo o Zuzurkil.

Por su parte, los concejales del PP en el Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya) denunciaron haber sido víctimas de insultos y amenazas de muerte tras la sesión de constitución del Consistorio.

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