El Ayuntamiento de Sevilla tiene el encargo de revisar los expedientes de las ocho familias de la corrala Utopía realojadas en viviendas sociales. La Junta de Andalucía ha dicho que trasldará los casos para que los servicios municipales certifiquen que se trata de hogares con necesidades o en riesgo de exclusión social, por lo que su realojo inmediato es justificable y se ajusta a la legalidad.
Fuentes del Consistorio sevillano aseguran que esperan que el Gobierno andaluz mande la documentación con los casos de las familias, para los servicios sociales estudien los expedientes. «Desconocemos quiénes son las familias», indican en el Ayuntamiento.
En Sevilla hay 350 viviendas sin ocupar «pendientes de adjudicación», es decir, de alquiler social o de compra. En el Ayuntamiento explican que en la última actualización de la lista de espera para una vivienda social había 388 personas y que entonces, solo dos familias fueron consideradas de extrema necesidad para su realojo inmediato. Aún así, no se les dieron las llaves; un hecho que se atribuye a los «trámites» y que deben ajustarse a la legalidad y las gestiones que le corresponde a la Junta.
«Por lógica, pensamos que entre las ocho familias realojadas de la corrala Utopía, estarán esos dos casos. Pero no tenemos la confirmación», indican en el Consistorio, gobernado por el popular Juan Ignacio Zoido.
El caso de la corrala Utopía, que abrió una fractura en la coalición entre PSOE e IU en el Gobierno andaluz, pasa ahora al tejado del Consistorio de Sevilla, donde los servicios sociales deberán hacer un informe y decidir «en poco tiempo» si se mantienen esas familias en los pisos sociales.
Por otro lado, el Ayuntamiento sostiene que hay familias en lista de espera de las viviendas sociales, «preocupadas» por perder su puesto y porque afectados que protestan y ocupan inmuebles tengan prioridad.
El Consistorio admite que se tarda en resolver las lista de espera, pero echa la culpa de la lentitud a la Junta y a la legislación. «No podemos agilizar los trámites porque debemos guiarnos por la ley de la comunidad autónoma. Si se cambiara, estaríamos encantados», señalan en el Ayuntamiento.