La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y mantiene su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de Andalucía. El tribunal considera que hay indicios de su implicación en la causa por malversación y prevaricación.
La jueza Mercedes Alaya considera que Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), es una de las artífices de diseño del sistema ilegal de ayudas a parados y empresas en crisis en la Junta de Andalucía.
La Audiencia considera que hay indicios de supuesto desvío de fondos públicos, que quedó «desmesuradamente incrementado» gracias a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas, «arbitrariamente» administradas por la Consejería de Empleo.
El tribunal recuerda que este método de transferencias se introdujo cuando Álvarez era titular de la Consejería de Economía y Hacienda. Aunque «la técnica en sí de la transferencia de financiación no es ilegal», considera que «no es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió».
«Las ayudas se prolongaron sin control durante diez años»
En ese sentido, cuestiona cómo se podría entender si no que las ayudas se prolongaran «sin control» durante diez años «pese a las alertas dadas», provocando una «malversación millonaria».
La sentencia indica que es «razonable» la sospecha surgida a la jueza Alaya de que «ciertos cargos de relevancia por razón de sus competencias pudieron propiciar la instauración de este sistema» de ayudas. La Audiencia añade que ante «tan fundadas sospechas» y siendo «patente» el interés de la declaración de Álvarez para esclarecer los hechos, «resultaría espurio, procesalmente hablando, someterla al régimen de declaraciones testificales con riesgo de que por vulneración de su derecho de defensa tal declaración deviniese en prueba prohibida».
Para la Audiencia de Sevilla, que anuló un primer auto de imputación de la exministra y pidió a Alaya que lo argumentara, «resulta incuestionable que la nueva resolución cumple con creces, sobradamente, la concreción de los hechos» que con carácter delictivo pueden haber sido cometidos por Álvarez.
Agrega que la jueza Alaya ha actuado correctamente «huyendo de generalizaciones al detallar de forma precisa los hechos que atribuye» a Álvarez, de manera que se cumple la garantía formal puesta en conocimiento de la persona a investigar para el mejor ejercicio de su defensa.
Magdalena Álvarez (San Fernando, Cádiz, 1952) tenía miedo de salir en los medios, del discurso ante la prensa, de ser un rostro político. Se lo dijo a Manuel Chaves cuando el entonces presidente de la Junta de Andalucía se fijó en ella a mediados de los 90 para tener en la administración una experta en finanzas, un perfil técnico para gestionar la hacienda andaluza.
Inspectora de Hacienda desde 1979, cuando ya ganaba algo más de1.400 euros entonces, el expresidente andaluz la fichó en su gabinete por su trayectoria en puestos de dirección y gestión en el Ministerio de Hacienda: el último y el de más peso antes de saltar a la política andaluza fue la dirección general de la Inspección de Hacienda en la última legislatura de Felipe González.
A pesar de sus reservas a ser un rostro político, Álvarez cogió la mano de Chaves y pasó a dirigir las finanzas de Andalucía. Pero su perfil estaba muy lejos a ser el de un técnico y la entonces consejera de Economía y Hacienda (entre 1994 y 2004), persona de carácter y con facilitad para la dialéctica, se convirtió en un peso político en la Junta de Andalucía.
Sus planes vitales no pasaban por la política
“No estaba en sus planes vitales estar en la política”, cuenta el articulista José María de Loma, de La Opinión de Málaga, que conoce muy bien la trayectoria política de Álvarez.
Casada y con dos hijas, criada y formada en Málaga (su tierra), durante su etapa como consejera vivía entre Sevilla y la Costa del Sol. Ahora su lugar de trabajo está en Luxemburgo, como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, un puesto que le reporta casi 24.000 euros al mes. Los fines de semana regresa a Málaga, a su casa de Benalmádena, y aprovecha para pasear por el centro histórico y para ir de compras. Le encanta la ropa.
Magdalena Álvarez se ha labrado una carrera de alta ejecutiva de la Administración Pública, donde antes de ser ministra, fue directora general de diversos departamentos en Hacienda y consejera de sociedades públicas, en los 80 cobraba 540 euros al mes por participar en cada consejo de administración.
Ante la fianza de 29,5 millones de euros que le ha impuesto la juez Mercedes Alaya, la pregunta es si Álvarez podría hacer frente a esta suma. Su retribución mensual ahora es equiparable al del presidente de EEUU,Barack Obama. Además, tiene cinco viviendas y siete garajes: una casa en Benalmádena y otros cuatro apartamentos en Sevilla, Madrid, Estepona y Málaga. De estos inmuebles, dos están en alquiler, el de Sevilla y Málaga, y a otros dos les pesan hipotecas.
Por su fuerte temperamento y ciertos episodios polémicos, se le han adjudicado varios apodos: ‘Lady Aviaco’, porque cuando estuvo como consejera en esta sociedad se conoció que obtuvo 444 billetes de avión de esta aerolínea; o ‘mandatela’, por la firmeza de su carácter y la iniciativa con la que aborda su trabajo. Le gusta mandar.
“Es muy cercana y campechana en el trato, pero en su círculo profesional es súper exigente” , señala de Loma. El periodista relata una anécdota que revela su carácter: “En una ocasión, cuando estaba negociando como consejera la financiación autonómica con Rajoy, que era ministro de administraciones públicas con Aznar, el ahora presidente encendió un puro y esto enfadó mucho a Magdalena. Le recriminó el gesto, diciéndole que la reunión era seria y que estaba fuera de contexto y se encaró con él. Rajoy acabó apagando el puro”.
La primera ministra reprobada de la democracia
De su etapa como consejera, se le ha criticado la gestión del proceso de unificación de las cajas de ahorro andaluzas. Ya en el Gobierno de Zapatero, tuvo fuertes enfrentamiento con la oposición y fue la primera ministra reprobada, tras los problemas con las obras del AVE a Barcelona y por el caos en los trenes de Cercanías. En el Congreso de los Diputados, se defendió de las críticas con la célebre frase “antes partía que doblá”, reivindicando su acento andaluz.
Magdalena Álvarez salió del Gobierno de Zapatero en 2009, sustituida por José Blanco en Fomento, y ese año fue a las listas europeas como número tres en el PSOE. Tras un año en el Parlamento europeo (con un salario mensual de 7.500 euros al mes), Zapatero la propuso como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. En julio de 2010 fue nombrada vicepresidenta para el puesto que le corresponde a España en este banco de inversión. En principio, el cargo es para un periodo de seis años.
La exministra no se ha planteado renunciar a su puesto en el BEI por su imputación en los ERE, que está pendiente de resolverse en la Audiencia de Sevilla. Hacerlo es reconocer que tiene responsabilidad en la trama, algo que niega tajantemente. “Lo lleva fatal el caso porque afecta a su familia. Pero reitera que es inocente”, señala de Loma.
Álvarez volvió a declarar su inocencia en un comunicado que emitió tras hacerse pública la fianza. Su imputación estás recurrida ante la Audiencia de Sevilla, que deliberará sobre el 23 de abril sobre este asunto.
Se elevan a diez los detenidos por irregularidades en las obras del AVE
La Guardia Civil ha detenido la mañana en Barcelona a otro implicado en las presuntas irregularidades en las obras del AVE en la capital catalana, con lo que se eleva a 10 la cifra de detenidos.
Según han informado fuentes de la investigación, con esta décima detención ya se dan por concluidos los arrestos de esta operación, aunque se mantiene abierta.
La Guardia Civil ha dejado este mismo martes en libertad con cargos a cinco de los detenidos, a la espera de que comparezcan ante el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que instruye las diligencias.
Estos cinco –algunos han declarado ante la Guardia Civil y otros se han negado– al parecer tienen una menor implicación en la trama, y deberán comparecer en el juzgado previsiblemente este miércoles.
De hecho, la previsión es que el miércoles declaren los diez detenidos ante la juez de Instrucción, pero los otros cinco serán puestos a disposición judicial directamente por el Instituto Armado, y siguen en dependencias de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona.
LOS HECHOS
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que funcionarios de la empresa pública Adif –de la que hay detenidos al menos dos cargos– pudieron haber recibido dinero dentro de las presuntas irregularidades en las obras del AVE Madrid-Barcelona, con un desvío de seis millones de euros, cuya investigación está bajo secreto de sumario y se saldó este lunes con nueve detenidos y 11 registros en las dos ciudades.
Estos supuestos pagos fueron ordenados supuestamente por un directivo de la empresa contratista, Corsán, y en la presunta trama los detenidos podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros, según la Fiscalía Anticorrupción.
Seis de los 11 registros se realizaron en las diversas sedes sociales de la empresa en Barcelona y en Madrid, en la consultora técnica externa que asiste en la dirección de obra, en Adif, así como cinco registros en domicilios particulares de los principales implicados.