Jueves 09/11/2017.

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LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENA A CUATRO EXDIRECTIVOS DE LA CAM POR DELITO SOCIETARIO CONTINUADO DE FALSEDAD CONTABLE

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a penas de entre dos años, nueve meses y un día y cuatro años de prisión por delito societario continuado de falsedad contable y delito de falsedad en la información a los inversores.
Esas conductas eran, según el fallo, “tendentes a distorsionar las cuentas y balances de la entidad, contribuyendo así a la vulneración del principio de imagen fiel de la CAM, en momentos de grave crisis económica y financiera que se intentó esconder o al menos maquillar”.
Los exdirectores generales de la entidad financiera, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, resultan condenados a tres años de prisión por el delito societario continuado de falsedad contable. Al ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb se le condena a cuatro años de cárcel por delito societario continuado de falsedad contable (tres años) y delito de falsedad en la información a los inversores (un año).
Respecto al ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Sala le impone dos años, nueve meses y un día por el delito societario continuado de falsedad contable. El tribunal absuelve a los otros cuatro acusados, Modesto Crespo, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ocho, de delito societario continuado de falsedad de cuentas, estafa agravada, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad documental formulados por las acusaciones.
El tribunal acuerda también absolver a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo (Fundación CAM) Banco Sabadell S.A. y Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (Caser) de las reclamaciones dinerarias que se les venían formulando.
310 FOLIOS
La sentencia, de 310 folios, considera probado que los cuatro condenados son responsables de reflejar en los estados financieros de la entidad una situación económica de beneficios en lugar de las pérdidas que realmente estaba generando dicha entidad, de manera que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidad Pública de Banco CAM en el primer trimestre de 2011 presentada ante el Banco de España arrojaba un resultado positivo del ejercicio de 39.771 millones de euros.
El tribunal señala que ese balance no reflejaba en modo alguno la situación económica real de la caja, cuyos resultados a 30 de junio de 2011 preparados por el FROB fijaban en 1.163,493 millones de euros de pérdidas con una ratio de morosidad del 19%.
Las cifras de los estados de balance e informe de los estados financieros, según relata el tribunal en su sentencia, resultaban “irreales y espurias” y esa disparidad de cifras, añade el tribunal, “constituyó uno de los motivos relevantes para la intervención de la entidad, por los riesgos que suponía tal situación para el sistema financiero en su conjunto, aparte de la contravención del principio de seguridad jurídico-contable que ello implicaba”.
Respecto a las cuotas participativas emitidas en 2008, la Sala considera que no ha quedado acreditado que algún concreto inversor, personado o no en el procedimiento, haya adquirido, en el período comprendido entre el 1 de marzo del 22 de julio de 2011, cuotas participativas de la CAM fiándose de la supuesta e irreal situación económica normalizada de la entidad emisora de esos valores cotizables y “menos aún”, señala la Sala, “que los acusados o alguno de ellos haya maniobrado artificiosamente para, en su propio beneficio, de la entidad CAM o de terceros, determinar la voluntad de algún inversor concreto de adquirir o mantener cuotas participativas en su perjuicio”.
Respecto a Teófilo Sogorb, se le condena también por el delito de falsedad en la información contable a los inversores del artículo 282 bis del Código Penal porque se le considera responsable del envío desde la CAM a la CNMV de información falsa sobre resultados positivos intermedios para ser publicada como hecho relevante.
En relación con los delitos que venían siendo acusados de estafa agravada, apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento mercantil por las remuneraciones obtenidas como componentes del Comité de Dirección, la Sala les absuelve por una “total ausencia de prueba del acto engañoso, especialmente cuando llama la atención que ninguno de los supuestos engañados ha acudido al juicio a explicar aquel o aquellos supuestos actos de disposición que realizaron por el engaño previo a que fueron supuestamente sometidos”.
Los magistrados destacan el caso de uno de los únicos posibles perjudicados, Pons Servera, que compareció al plenario y que a propuesta de su defensa no pudo finalmente prestar declaración testifical por sobrevenida renuncia por parte de su defensa, única proponente. Y ningún otro posible perjudicado, continúa argumentando el tribunal, ha sido llamado al juicio oral para que diera sus explicaciones del supuesto mecanismo de engaño del que fue víctima. Tampoco las partes han podido acreditar ni demostrar actos de apropiación indebida de dinero ajeno por parte de los acusados.
ABSUELTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La Sala también exonera de la responsabilidad civil a la Fundación CAM, Banco Sabadell y Caser. El tribunal recuerda que en el orden jurisdiccional penal no pueden declararse responsabilidades civiles derivadas de conductas delictivas si éstas no han sido probadas, lo que ocurre en este caso con todas aquellas relacionadas con los delitos patrimoniales y falsarios que no han quedado probados, “quedando a la vía civil correspondiente, si procediere”.
La razón de este vacío probatorio, argumentan los jueces, “estriba en que, al contrario de lo que sostienen las acusaciones, con una gran dosis de incongruencia discursiva, este tribunal tiene el convencimiento de que la crisis y definitiva desaparición de la CAM como negocio financiero no se debió sólo a la actuación irregular de los acusados, sino que deriva de un entorno de crisis económica general, donde muchas entidades financieras -no únicamente bancarias- no superaron sus problemas de liquidez, inestabilidad y expansión”.
Por eso, la Sala concluye que “huelga realizar cualquier pronunciamiento, inmediato o de futuro, sobre responsabilidades civiles a satisfacer por los acusados dimanantes de los delitos cometidos. Y en consecuencia, no procede efectuar declaraciones sobre las responsabilidades civiles que, desde distintas perspectivas, han pretendido las partes personadas”.
Por tanto, debe ser la vía civil ordinaria la que habrá de dilucidar la controversia existente entre la Fundación CAM y el Banco de Sabadell.

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