Lunes 11/12/2017.

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(AMPLIACIÓN) JUSTICIA SE COMPROMETE A ESTUDIAR CON LA “MAYOR CELERIDAD” POSIBLE LA EXTRADICIÓN DEL ESCRITOR TURCO-SUECO HAMZA YALÇIN

- El Gobierno será "riguroso en la exigencia y las garantías de los derechos". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió este jueves a estudiar con la “mayor celeridad” posible la documentación remitida por Turquía solicitando la extradición del escritor turco-sueco, Hamza Yalçin.
En su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Justicia del Congreso, Catalá anunció que ayer por la tarde se recibió desde Turquía la documentación necesaria para que se inicie el procedimiento de extradición del escritor -detenido en Barcelona el 3 de agosto en cumplimiento de una orden de Interpol y ahora en prisión provisional- y que debe estudiar su Departamento. Una vez se analice la información, dijo, se elevará al Consejo de Ministro para decidir si procede o no a continuar con la extradición.
Aseguró que se va a “evaluar” la documentación, que serán “estrictos y rigurosos en la exigencia y las garantías de los derechos y la protección de los ciudadanos y, por eso, el Gobierno tomará la decisión que corresponda”.
El ministro explicó que, en cumplimiento de la ley de extradición pasiva, si decide denegar la continuidad, el Gobierno debe fundamentar la decisión en algunas de las causas de denegación previstas: la falta de la doble incriminación, la existencia de un delito de carácter militar, la prescripción del delito, o el reconocimiento de asilo del reclamado.
Catalá indicó que ahora mismo el proceso está en los 40 días que dispone Justicia para estudiar la documentación remitida por Turquía por lo que “no cabe intervención alguna” del Gobierno porque se ciñe a la revisión de si cumplen con los “requisitos” legales.
Por otra parte, sobre la situación del escritor y periodista turco-alemán Dogan Akhanli, detenido en Granada el 19 de agosto también a petición del Gobierno turco, Catalá explicó que el caso de extradición está en una primera fase, la que corresponde a los 40 días que tiene Turquía para remitir la información sobre la que solicita la extradición, y que todavía no han recibido nada.
En este sentido, dijo que sobre el caso de Akhanli, actualmente en libertad provisional, no puede hacer nada el Ejecutivo hasta que transcurra ese periodo o Turquía ponga en marcha el procedimiento al exigir la extradición.
OPOSICIÓN
El portavoz del PSOE en esta materia, Juan Carlos Campos, exigió la denegación de la extradición y criticó que el Gobierno no debe esconderse en los jueces y tiene que ejercer su autoridad soberana.
En todo caso, Campos remarcó que el Ejecutivo debería asegurarse que, en caso de extradición, tendrán un “juicio justo”. Y recordó que, según la normativa internacional, Yalçin no puede ser extraditado sin el consentimiento de Suecia, por su doble nacionalidad. Catalá comentó que están en contacto con Suecia y Alemania.
Por parte de Unidos Podemos, Jaume Moya, se mostró “convencido” de que la extradición será “absolutamente denegada” por España, no sólo porque lo permiten “cuestiones de forma", sino para no convertirse en “cómplice” de la deriva del estado turco.
En el caso de Ciudadanos, Fernando Maura, recordó a Catalá la “utilización torticera” que, a su juicio, hace el régimen que lidera el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con la “conculcación consciente y predeterminada” de los Derechos Humanos a través de la aplicación de la legislación contra el terrorismo y de los convenios internacionales. Maura se preguntó por qué en España se colabora con Turquía cuando no lo han hecho otros países europeos por lo que han pasado esos disidentes sin ser detenidos.
La diputada de ERC Ester Capella exigió la garantía de un “juicio justo” en el caso de extradición y subrayó que “un estado de derecho como el que concebimos, no se puede predicar de Turquía”.
Desde el PNV, Mikel Legada pidió al Ejecutivo una “llamada de atención y defensa cautelar“ de la libertad de expresión y opinión de “dos ciudadanos europeos”, al margen de los requisitos judiciales de ambos casos.
Lourdes Ciuró, del PDECat, cargó contra la “pseudodemocracia” de Turquía y con la decisión de España de analizar la extradición con “criterios objetivos”, como si no tuviese la “obligación” de hacer una interpretación favorable por tratarse de los derechos humanos.
Por último, el representante del PP, Leopoldo Barreda, criticó al resto de formaciones que “apenas” se ha iniciado el procedimiento y, por tanto, no se pueden adelantar decisiones.
Para cerrar la comisión, el ministro de Justicia defendió que España que se tendrá la “máxima sensibilidad” y que no puede haber “ninguna sombra de duda” de que este Gobierno tiene un “compromiso firme” con los Derechos Humanos.

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