Viernes 09/12/2016.

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Diputación dice que son 26 las empresas vizcaínas que deben devolver 65 millones de ayudas declaradas ilegales por la UE

Se mantiene abierta la vía judicial en Luxemburgo, pero se está pidiendo "cautelarmente" a las empresas que reintegren las cantidades
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Diputación dice que son 26 las empresas vizcaínas que deben devolver 65 millones de ayudas declaradas ilegales por la UE Diputación dice que son 26 las empresas vizcaínas que deben devolver 65 millones de ayudas declaradas ilegales por la UE

El diputado foral de Presidencia de la Diputación de Bizkaia, Juan María Aburto, ha precisado que son un total de 26 las empresas vizcaínas a las que la Comisión Europea reclama la devolución de 65 millones de euros en concepto de ayudas declaradas ilegales por la UE, debido a la demanda presentada por el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, contra los criterios adoptados por las diputaciones vascas para la devolución de los citados incentivos.

En la comparecencia habitual para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el consejo de gobierno de la institución foral, Aburto ha querido trasladar la postura de la Diputación en relación al asunto de las denominadas vacaciones fiscales. Según ha recordado, la Diputación, "conforme a la interpretación que ha realizado de los reglamentos y las directrices comunitarias, criterios todos ellos que ya desde el año 2007 fueron explicitados ante las autoridades comunitarias, recuperó de las empresas las ayudas declaradas ilegales, por lo tanto, desde el año 2007 recuperó las ayudas".

Sin embargo, ha explicado que la Comisión Europea, "a través de su cartera de la Competencia, dirigida por Joaquín Almunia, después de cuatro años, ha manifestado que no comparte los criterios utilizados por las diputaciones forales". Por ello, ha precisado, ha presentado una demanda ante los tribunales comunitarios "pidiendo que se exija a las empresas un mayor importe a recuperar como consecuencia de utilizar otros criterios de cálculo y bajo la amenaza de una multa multimillonaria contra las arcas públicas".

La comisión de la Competencia, a través de Almunia, es quien establece una demanda en contra de los criterios adoptados por las diputaciones", ha insistido.

Aburto ha señalado que la Diputación Foral de Bizkaia, ante esta "nueva situación", mantiene abierta la vía judicial en sede del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, con el objetivo de "defender los intereses de las empresas, en estrecha coordinación y colaboración con la Abogacía del Estado, ante el Tribunal de Luxemburgo".

El portavoz de Presidencia ha indicado que, "con el objetivo de ocasionar el menor perjuicio posible a las empresas y las administraciones públicas, para el caso de que al final del procedimiento judicial no resulte favorable a los criterios de la Diputación", la institución foral "está solicitando cautelarmente a las empresas afectadas que reintegren las cantidades de las ayudas en base a los criterios establecidos por la propia comisión, y complementando, de esta manera, lo que ya devolvieron en el año 2007".

Aburto ha detallado que, en el caso de Bizkaia, las empresas afectadas son 26 y el importe que faltaría de recaudar, "en base a los nuevos criterios de la Comisión Europea, sería de 65 millones de euros". "Los otros 500 millones de euros -ha precisado- son de los territorios de Araba y Gipuzkoa".

En el caso de que al final de contencioso el alto tribunal de Luxemburgo dé la razón a la Diputación vizcaína, "esos importes será devueltos a todas y cada una de las empresas". "Se trata de que no queremos correr el riesgo de que sea la ciudadanía de Bizkaia quien tenga que pagar una multa multimillonaria en base a los nuevos criterios establecidos por el señor Almunia", ha subrayado.

En cuanto a la reacción de Confebask, Aburto ha asegurado que los empresarios "no se enteran de esto a través de la prensa", sino que la Diputación "está manteniendo ya reuniones con esas 26 empresas, para trasladarles la nueva situación en la que estamos a partir, aproximadamente, del mes de mayo-junio, que es cuando se sentencia finalmente y cuando la Comisión, a través de Almunia, presenta esa nueva demanda".

El responsable foral ha insistido en que "es una nueva situación la que nos lleva a, cautelarmente, adoptar esta decisión" y ha aclarado que "no hay un cambio en la actitud de la Diputación, sino que hay una nueva situación ante la cual hay que actuar y con cada una de las 26 empresas se ha empezado ya a mantener contactos y a todas ellas se las está citando para trasladarles cuál es la situación".

"Otra cosa es -ha añadido- lo que la asociación de empresarios pueda comunicar en base a la legitimidad que alguien le otorga, pero no hay ninguna falta de comunicación por parte de la Diputación con todas y cada una de las empresas afectadas".

Aburto, que no ha querido hablar sobre la situación de las empresas afectadas aunque ha dicho que "no hay que establecer ninguna alarma", ha reconocido que "es evidente que hay empresas que pueden estar en alguna situación de dificultad, pero con todas ellas se trabajará para que cumplan con este nuevo criterio de la Comisión".

Por otro lado, ha indicado que la Diputación "lo que tiene que hacer en estos momentos es cumplir con la decisión adoptada como medida cautelar en base a esa demanda" y ha destacado que "quien ha defendido los intereses de las empresas y los empresarios en todas las instancias judiciales es la propia Diputación Foral de Bizkaia y lo que ha hecho la Diputación Foral de Bizkaia es mantener una interlocución directa, sin intermediarios, directamente con todas y cada una de las 26 empresas afectadas", por lo que relación no ha sido con la patronal de los empresarios, sino con las empresas afectadas directamente.

MULTAS

Aburto ha explicado que, en caso de que no se realice la devolución, existe una multa fija en torno a los 40 millones de euros, "pero podemos estar hablando, en el caso de que no se realicen las devoluciones conforme a los criterios establecidos por la comisión presidida por Almunia, de una multa de 266.000 euros diarios, lo que son prácticamente 8 millones de euros".

El portavoz foral de Presidencia ha apuntado que "lo que es evidente es que la Diputación Foral de Bizkaia cumplió una resolución, resolvió y decidió en su día cumplir con la sentencia, en mayo la sentencia dijo que había que devolver las vacaciones fiscales y la diputación ya había recuperado del entorno de 135 millones de euros de las empresas afectadas".

"La Diputación cumplió y las empresas cumplieron y, si no se hubiera puesto en cuestión esa forma de recuperación, es evidente que no estaríamos en esta situación", ha añadido en referencia a la actuación de Almunia.

Aburto ha explicado que el "cambio de criterio" de la Comisión Europea es "muy técnico", aunque ha explicado que se trata de que si la Diputación vizcaína consideró que la cantidad a devolver era la cuantía que excedía del máximo fijado para las ayudas a percibir, la Comisión Europea valora que "hay que recuperar el total".

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