Zabaleta, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento vasco, se ha referido este jueves a la situación de estas personas, que están legamente obligadas a permanecer localizables para poder seguir recibiendo estas ayudas.
Este hecho ha salido a la luz a raíz de las cartas remitidas en las últimas semanas por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide a los cerca de 56.000 perceptores de estas prestaciones, cuya cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros mensuales.
La responsable de Empleo y Asuntos Sociales ha explicado que unas 7.000 de esas cartas certificadas han sido devueltas, por no haberse podido localizar a sus destinatarios en la dirección que figuraba en su expediente.
Según ha explicado Zabaleta, a partir de ahora se va a estudiar «cuál es la razón» de esta situación, y se volverá a citar a estas personas para una entrevista en el Servicio Vasco de Empleo, con el fin de «adecuar sus expedientes a la realidad».
«GARANTISTA»
En todo este proceso se actuará de forma «absolutamente garantista y legal», de forma que «nadie que cumpla» los requisitos «va a quedarse al margen de la prestación». No obstante, ha advertido de que «la Administración pública requiere control y verificación de datos».
«Lo que vamos a hacer es subsanar esos 7.000 expedientes, porque algo está mal cuando no podemos localizar a esas personas», ha añadido. Respecto a la posibilidad de suspender la prestación de forma cautelar a estas personas, ha insistido en que «lo primero es saber dónde están y por qué su expediente no está actualizado».