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La juez impone una fianza civil de 29 millones a Magdalena Álvarez por los ERE

  • Alaya considera a Álvarez como una de las artífices del sistema ilegal de ayudas en el caso de los ERE cuando era Consejera de Economía de la Junta.
  • La ha imputado por delitos de prevaricación y malversación, y le ha impuesto la fianza aunque la Fiscalía no la solicitaba.
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  • La juez impone una fianza civil de 29 millones a Magdalena Álvarez por los ERE

Magdalena Álvarez ha declarado su 'absoluta inocencia' e insiste en que su imputación 'no es firme', según el diario El Mundo. Este miércoles, se ha conocido que la jueza Mercedes Alaya, considera a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez una de las artífices del sistema ilegal de ayudas del sistema ilegal de ayudas en el caso de los ERE.

La juez ha calculado la fianza civil de 29.568.129 euros al tener en cuenta las ayudas cobradas durante el tiempo en el que Álvarez se encontraba ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía (desde 1994 hasta febrero de 2004).

Según el auto, la fianza tiene como finalidad devolver el dinero que salió de las arcas de la Junta de forma indebida hasta el 31 de diciembre de 2003. "Teniendo en cuenta que los hechos que se han narrado podrían ser constitutivos de delito de prevaricación del art. 404 del Código Penal y un delito de Malversación de caudales públicos del art. 432 del mismo texto legal, resulta evidente que las medidas cautelares que aquí se adopten tienen una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía", asegura la Alaya en el auto (pag 8).

Álvarez ya declaró tres veces ante la juez Alaya. Siempre ha defendido la legalidad y transparencia de su gestión, y que no conoció irregularidades. Sin embargo la jueza le imputó entonces dos delitos: prevaricación y malversación. Ahora, cinco meses después y aunque la Fiscalía no decidiera medidas cautelares, Alaya sí ha decidido imponer una fianza contra la que cabe recurso.

DEBERÁN RESPONDER CON SUS BIENES O HABRÁ EMBARGO

La juez también asegura que "cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran resultar condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan", tanto Magalena Álvarez como los otros dos imputados: José Salguero Carmona, viceconsejero de Economía de la Junta de 19990 a 2004 y Antonio Estepa Giménez, ex secretario general de Hacienda entre 2000 y 2004. Para Carmona y Giménez, también se han impuesto fianzas, de 22.176.096 y 8.870.438 euros, respectivamente.

SIN PELIGRO DE CÁRCEL

Es decir, según el auto y el monto de la fianza,  Alaya considera muy probable su condena. Al tratarse de una fianza civil, los imputados deberán responder con sus bienes. Además se fija el plazo de "una audiencia" (24 horas) para ello aunque contra el auto cabe recurso, es decir, el proceso puede alargarse.

Si el recurso es rechazado, y no se satisface la fianza, se procederá a la relación de bienes y su embargo. En el caso de ser insuficiente para satisfacer la fianza, todos los ingresos de los imputados, por ejemplo la nómina serán también embargados. Es decir, de momento, la exministra no sufriría una pena de cárcel.

MALVERSACIÓN DE CAUDALES

Alaya considera a Álvarez, Salgueiro, y Estepa,  artífices, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" en la "Administración Autonómica desde el año 2000 y que perdurarían hasta el año 2011".

"Dicho procedimiento consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas 'transferencias de financiación', legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones", según añade el auto.

VULNERACIÓN FLAGRANTE

Ese sistema suponía la "vulneración flagrante" del procedimiento legalmente establecido, eludiendo los requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas.


También considera que la adopción de ese procedimiento "al margen de la ley" se efectuó "en virtud del interés de la Junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones".

El auto agrega que "este uso ilegal de fondos públicos se permitía por los inculpados, a sabiendas de que en virtud de dicho procedimiento la concesión de subvenciones sociolaborales necesariamente se realizaría con absoluta discrecionalidad, y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración".

PRINCIPIOS INCUMPLIDOS

Los principios incumplidos a los que se refiere la juez son los de imparcialidad, transparencia y no discriminación, además de los de publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad.

Según el auto, en los años 2000 y 2001 "se optaría por actuar al margen de la Ley de Presupuestos" utilizando la vía de las modificaciones presupuestarias, un total de siete modificaciones que supusieron un total de 93 millones de euros.

Después de esos "dos años de andadura" se introdujo esa partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el Presupuesto, para lo cual "se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos sólo es accesible a expertos". El auto señala que los anteproyectos de Presupuesto elaborados por la Consejería de Hacienda "serían frontalmente contrarios a gran parte del ordenamiento".

"En virtud de los compromisos, cada vez más numerosos, asumidos por la Consejería de Empleo al margen de la ley, lo cual podía generar menoscabo de los fondos públicos, los imputados a través del desempeño de sus cargos en la Consejería de Economía y Hacienda contribuirían a alimentar la ilícita partida con la tramitación de nuevas modificaciones presupuestarias", que en 2002 fueron cinco modificaciones que ascendieron a 32,19 millones de euros.

ÁLVAREZ SE DEFIENDE A TRAVÉS DE UN COMUNICADO

Por su parte, la exministra, ha defendido su inocencia en un comunicado. "Conviene recordar que un primer auto de imputación, con fecha de 28 de junio de 2013, fue declarado nulo de pleno derecho por este mismo órgano jurisdiccional", señala el comunicado, que añade: "Queda, pues, totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil justo antes de que se resuelva dicho recurso sobre el fondo del asunto, sobre si existe o no delito".

Así, Álvarez recuerda que "en ningún momento" ni el Ministerio Fiscal ni la Junta de Andalucía ni la Abogacía del Estado consideraron necesaria ni oportuna la adopción de medida cautelar alguna.

PP Y PSOE CONSIDERAN EXCESIVA LA FIANZA

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, creee que la fianza es  una "cuantía extraordinaria" que pone de manifiesto la importancia de la "corrupción". El portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, ha manifestado que, no obstante, su formación siempre va a respetar las decisiones judiciales. Diego Valderas, de IU y Vicepresidente de la Junta, ha señalado hoy que "a cualquier andaluz que le preguntes le puede parecer exagerado".

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