Miércoles 20/02/2019.

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El uso de la factura electrónica crece un 14,9% en 2018 y ahorra a las empresas españolas más de 1.400 millones de euros

El número de facturas electrónicas procesadas en 2018 en España ascendió a 181.884.086 documentos, un 14,92% más que en 2017, lo que supone un ahorro a las empresas españolas de más de 1.400 millones de euros, además de reducir de manera significativa el impacto medioambiental derivado de la eliminación del uso de papel, según el Estudio SERES de Implantación de la Factura Electrónica en España 2017-2018.

Del total, 147.953.331 documentos corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 11.637.864 a ventas de empresas a particulares (B2C). Según el estudio, gracias al uso de la factura electrónica las compañías se ahorraron en 2018 algo más de 900 millones de euros en la gestión de las facturas recibidas y 511 millones de euros en la gestión de las facturas emitidas.

Otro de los avances significativos es el tiempo. Las empresas españolas ahorraron en este 2018 un total de 662.145 horas en la tramitación de las facturas recibidas y 106.963 horas en las emitidas, según los datos extraídos del informe.

"En los últimos años asistimos a un fuerte crecimiento orgánico de la factura electrónica entre las empresas españolas, que va amplificando su capilaridad geográfica y sectorial", explica Alberto Redondo, director de Marketing de SERES para Iberia y LATAM.

"Las medianas empresas siguen siendo el colectivo de usuarios de e-factura más importante y, al mismo ritmo, con menor escala, sigue creciente el número de grandes y medianas empresas usuarias. Del mismo modo, por sectores se mantiene el liderazgo del sector Servicios, seguido por Industria y, a más distancia, el Sector Primario", detalla Redondo.

MADRID, CATALUÑA Y ANDALUCÍA, LAS CCAA MÁS ACTIVAS

Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Andalucía fueron las que emitieron y recibieron un mayor número de facturas durante este 2018. En concreto, Madrid, Comunidad Valencia, Andalucía, Cataluña y Castilla y León lideran el ranking en número de empresas emisoras, mientras que Madrid, Cataluña, Andalucía y Castilla y León son las que más facturas electrónicas reciben.

El sector servicios sigue siendo el más activo, agrupando al 55,9% de empresas emisoras y el 58,42% de las receptoras. Por actividad destacan las empresas del sector Comercio, con el 46,66% de los documentos emitidos y 60,59% de los emitidos, seguida por Alimentación, con el 28,98% de los documentos emitidos y el 15,26% de los recibidos y Utilities, con el 7,97% y el 2,14% respectivamente.

Por tamaño, la mediana empresa representa el 45,48% de las empresas emisoras y el 37,57% de las receptoras, la pequeña empresa reúne al 23,8% de las emisoras y el 26,27% de las receptoras, la gran empresa supone el 22,48% de las emisoras y el 24,48% de las receptoras y, finalmente, las micro empresas representan el 8,24% de la emisión y el 11,78% de la recepción.

IMPULSO DE LA UNIÓN EUROPEA A LA E-FACTURA

El nuevo estándar europeo de factura electrónica, que será obligatorio en las relaciones B2G a partir del próximo 18 de abril, y las primeras iniciativas nacionales, que apuntan a una obligatoriedad general del uso de la e-factura, serán "el espaldarazo definitivo a la desmaterialización de la factura y al impulso del intercambio electrónico de otros documentos", afirma el documento.

En este sentido, hace referencia a la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) -el IVA online- en País Vasco y Navarra en enero de 2018, que "ha impulsado el uso de la factura electrónica en estos territorios". "Algo asimilar ocurrirá en Canarias, en 2019, tras la implantación de SII a principios de enero de este año", añade la nota.

La evolución de la normativa de facturación electrónica a las Administraciones Públicas -en vigor desde 2015- ha dado lugar, en 2018, a la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para los subcontratistas del Estado. Así, desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para proveedores de las AAPP están obligadas a facturar electrónicamente cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros.

"La e-factura es una pieza clave de la transformación digital de los negocios y sus efectos positivos empezarán a notarse en el conjunto de la sociedad", concluye Redondo.

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