Sábado 17/11/2018.

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Unidos Podemos solicita el compromiso estatal para garantizar la continuidad de La Naval

Una delegación de Unidos Podemos, conformada por los portavoces de la comisión de industria del Congreso, Yolanda Díaz y Alberto Rodríguez, así como por las diputadas por León y Vizcaya, se han reunido esta tarde con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para debatir sobre el futuro de las empresas Vestas y La Naval.

En un comunicado, Unidos Podemos ha considerado "insuficiente" el posicionamiento del Gobierno, que ha garantizado esta mañana en el pleno de control del Congreso estar trabajando junto al Ejecutivo vasco para buscar inversores privados que permitan dar continuidad a la actividad del astillero y mantener así los empleos de sus trabajadores.

"Es necesario encontrar una solución estructural y no coyuntural para el futuro del astillero vasco que ya está en fase de liquidación. Únicamente buscando inversores privados desde el Gobierno vasco o central no se va a solucionar la grave situación de las más de las 1.800 familias que dependen directa o indirectamente de La Naval", ha recalcado Rosa Martínez.

La coalición de izquierdas ha destacado que La Naval es un astillero "de referencia" en Euskadi y que su cierre no solamente implicaría destruir actividad económica y empleo de carácter industrial, sino también supondría perder el conocimiento y la experiencia en el sector de I+D adquiridos en las décadas anteriores".

"Una política industrial activa no puede permitir este final para una empresa fundamental en el sector de construcción naval, que a su vez es estratégico y tractor de la economía vasca", ha señalado la diputada.

La delegación de Unidos Podemos ha recordado que el PSE en Euskadi se ha comprometido con elaborar en el periodo de tiempo más breve posible un informe que estudie y respalde, desde los puntos de vista jurídico, económico e industrial, la operación de adquisición por parte de las administraciones públicas de los activos de La Naval.

Además, ha manifestado que el Gobierno central "puede y debe" explorar el rescate público del astillero, como ha sucedido en otros casos europeos, para lo cual dispone de una empresa pública del sector de construcción naval (Navantia).

Finalmente, Rosa Martínez ha declarado por otra parte que "el Gobierno central no puede dejar morir a los astilleros de la construcción naval civil, mientras contribuye al mantenimiento de la industria militar de fragatas, una actividad de ética discutible".

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