Sábado 01/12/2018.

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Transparencia Internacional: Somalia es el país más corrupto y Nueva Zelanda el menos

Somalia y Sudán del Sur son los países más corruptos del mundo y Nueva Zelanda y Dinamarca los menos, según el ránking global presentado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI), en el que suspende el 69 % de los 180 Estados analizados.
  • Transparencia Internacional: Somalia es el país más corrupto y Nueva Zelanda el menos EFE

Somalia y Sudán del Sur son los países más corruptos del mundo y Nueva Zelanda y Dinamarca los menos, según el ránking global presentado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI), en el que suspende el 69 % de los 180 Estados analizados.

Al presentar la vigésimo quinta edición de su Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), la organización denunció que "la mayoría de países se está moviendo demasiado despacio en sus esfuerzos" para combatir esas prácticas ilícitas y que "en los últimos seis años muchos países han progresado poco o nada".

Subrayó por primera vez una "alarmante" correlación entre los Estados con peores resultados en esa clasificación y los que cuentan con niveles más bajos de protección para periodistas y activistas, los dos colectivos que se encargan principalmente de sacar a la luz los escándalos de corrupción.

"En los países más corruptos el espacio para la prensa y la libertad de expresión está absolutamente reducido, como el espacio para el acceso a la información", explicó a Efe la presidenta de TI, Delia Ferreira, quien advirtió de que reducir la protección a los medios es "dañar al Estado de derecho como un todo".

Los periodistas y los activistas son "enemigos de los corruptos" y, en consecuencia, "los primeros que están en la línea de fuego, a veces literalmente", lamentó.

Como en las últimas ediciones, Somalia y Sudán del Sur cierran la tabla de 180 países, con 9 y 12 puntos sobre un máximo de cien, respectivamente, mientras que en el otro extremo Nueva Zelanda y Dinamarca alcanzan 89 y 88.

España cae un punto con respecto a la clasificación previa, hasta los 57 -junto a Chipre, República Checa, Dominica y Georgia- con lo que acumula una pérdida de ocho puntos en los últimos seis años y pierde un puesto, hasta el 42.

En mínimos históricos, España pertenece a la minoría de países que aprueba, ya que 124 Estados -donde viven unos 6.000 millones de personas, el 79 % de la población mundial- no pasan el corte.

Entre los mejor clasificados, tras Nueva Zelanda y Dinamarca, se sitúan Finlandia, Noruega y Suiza (85), Singapur y Suecia (84) y Canadá y Luxemburgo (82).

El vagón de cola, junto a Somalia y Sudán del Sur, está repleto de países en guerra, estados fallidos y regímenes totalitarios: Siria (14), Afganistán (15), el Yemen y Sudán (16) y Libia, Corea del Norte, Guinea Bissau y Guinea Ecuatorial (17).

Entre las grandes potencias, Alemania se sitúa en el puesto 12 con 81 puntos, seguida por Estados Unidos (posición 16, con 75), Japón (en el 20, con 73), Francia (en el 23, con 70), China (en el 77, con 41), la India (en 81, con 40) y Rusia (en el 135, con 29).

En América Latina destacan en los niveles más alto, como es habitual, Uruguay y Chile, con 70 y 67 puntos respectivamente, seguidos por Costa Rica (59) y Cuba (47).

La tabla regional la cierran Venezuela (18), Haití (22), Nicaragua (26), Guatemala (28), Paraguay, México, Honduras y República Dominicana (29).

A medio camino en la clasificación latinoamericana se sitúan Argentina (39), Brasil, Colombia, Panamá y Perú (37), Bolivia y El Salvador (33) y Ecuador (32).

Destacan en la región las subidas de tres puntos de Argentina y las de dos de Perú y Haití, así como las caídas de tres unidades de Brasil y El Salvador.

Ferreira sostiene que en la batalla contra la corrupción la implicación ciudadana es clave, aunque muchas veces las personas no son conscientes de que son "víctimas".

"La diferencia entre países es cómo se reacciona. La reacción social es importante y marca diferencias", sostiene la presidenta de la ONG, que desea que la sociedad asuma su "responsabilidad" en esta tarea.

A su juicio, no basta con cambiar las leyes, hace falta un "esfuerzo en educación cívica de la ciudadanía", dando "ejemplo desde arriba", para implantar una cultura de "tolerancia cero".

"Hay que cambiar la cultura y la percepción de la propia gente sobre su responsabilidad", señala.

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