Sábado 25/11/2017.

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El Supremo brasileño aplaza su decisión sobre la denuncia contra Temer

La Corte Suprema de Brasil comenzó a inclinarse hoy por remitir las nuevas denuncias por corrupción que afectan al presidente Michel Temer a la Cámara de Diputados, aunque la decisión definitiva será anunciada este jueves.
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La Corte Suprema de Brasil comenzó a inclinarse hoy por remitir las nuevas denuncias por corrupción que afectan al presidente Michel Temer a la Cámara de Diputados, aunque la decisión definitiva será anunciada este jueves.

La audiencia en el máximo tribunal fue suspendida cuando seis de sus once miembros ya se habían pronunciado por dar continuidad al trámite de la denuncia y otros dos votaban por paralizar el proceso por las dudas surgidas en torno a las acusaciones, fundamentadas en unos acuerdos de cooperación pactados por los dueños del grupo JBS.

La mayoría que comenzó a conformarse en el Supremo, que sólo se confirmará mañana pues los jueces tienen la potestad de alterar su voto hasta último momento, rechaza una apelación presentada por la defensa de Temer, que pidió suspender todos los trámites.

El objeto de los abogados del mandatario es que se esclarezca la la validez de muchas de las supuestas pruebas que fueron obtenidas mediante los acuerdos con el gigante cárnico JBS, invalidados por la Justicia.

Lo declarado por los dueños de JBS está bajo una investigación que llevó a la Fiscalía a anular todos los beneficios de un acuerdo de cooperación judicial que firmaron a inicios de este año, tras comprobar que habían mentido u omitido información sobre casos de corrupción.

Sin embargo, la propia Fiscalía sostuvo que muchas de las pruebas obtenidas con esos testimonios mantienen su validez y contienen unos "serios indicios" de que Temer pudo haber incurrido en prácticas ilegales antes y después de asumir el poder, en mayo del año pasado, cuando comenzó el proceso de destitución de Dilma Rousseff.

El instructor del caso en el Supremo, Luiz Edson Fachin, consideró hoy que el tribunal no puede pronunciarse sobre esos testimonios ni sobre las pruebas hasta tanto la Cámara baja no avale el inicio de un posible juicio penal contra el gobernante, tal como establece la Constitución brasileña.

"La decisión política de la Cámara de Diputados, como depositaria del voto popular, antecede al análisis jurídico sobre la posibilidad de admisión de una denuncia" contra un jefe de Estado, dijo Fachin.

Su posición fue apoyada por el juez Alexandre de Moraes, quien fue ministro de Justicia de Temer e incluso su nombre lo sugirió el propio mandatario para ocupar una plaza en la Corte Suprema.

Según la Constitución, un gobernante en ejercicio del cargo sólo puede ser investigado penalmente si el supuesto delito hubiera sido cometido durante su mandato, lo cual, según la Fiscalía, es el caso de Temer, el primer gobernante sometido en el país a un proceso de esta naturaleza y ahora no sólo una vez, sino dos.

Con la decisión que parece tomada en la corte, la nueva denuncia debería recorrer el mismo tortuoso camino que unas acusaciones por corrupción pasiva que la Fiscalía presentó contra Temer en junio pasado y que acabaron en los archivos, después de que el pleno de la Cámara de Diputados las rechazó a principios de agosto.

El caso sería analizado primero por la Comisión de Constitución y Justicia del órgano legislativo, que debatiría el asunto por un plazo de hasta quince sesiones y redactaría un informe que luego será remitido y votado en la Cámara de Diputados.

Si al menos dos tercios de los 513 diputados votan por aceptar la denuncia, el trámite volverá al Supremo, que decidirá si finalmente instaura el juicio contra Temer, quien en ese caso sería suspendido del poder durante los 180 días que duraría el proceso.

Sin embargo, y a pesar del inicio de un trámite similar al que en agosto pasado naufragó en el pleno de los diputados, en los círculos políticos existe la convicción de que esta nueva denuncia correrá la misma suerte.

A pesar de que según una reciente encuesta la tasa de aprobación del Gobierno de Temer se sitúa en mínimos históricos del 3,4 %, el presidente mantiene el apoyo de una mayoritaria base parlamentaria que ya bloqueó la primera denuncia y ahora se alista para hacer lo mismo con estas nuevas acusaciones.

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