El cine y el audiovisual deben ser un asunto de Estado para España, como lo está siendo cada vez más en todos los países iberoamericanos con 500 millones de espectadores en español, según el IV Seminario de la Industria Audiovisual y la Propiedad Intelectual.
Esta es una de las doce conclusiones a las que ha llegado el seminario organizado por EGEDA (Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales) y la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y cuyo objetivo es analizar la situación del sector audiovisual en España.
Cerca de 25 profesionales, dirigidos por José María Otero y Fernando R. Lafuente y coordinados por Fernando Labrada, han elaborado un informe en el que recuerdan que los fondos de ayuda en España no llegan al 10 % de los fondos de Alemania (360 millones de euros) y están muy lejos de los 500 millones de Francia o los 400 de Italia.
En sus conclusiones consideran que el idioma español, que según Fernando R. Lafuente es «el petróleo de la sociedad que habla en español», es el mayor capital de nuestro cine.
Por ello, deben fomentarse mecanismos de coproducción iberoamericana, una gran plataforma de distribución de nuestras producciones y los mecanismos de promoción de nuestro cine, foros y premios.
También se considera que la falta de información impide la transparencia del sector, y por ello propone promover los registros digitales online seguros de la propiedad intelectual y la adecuada identificación universal de las obras audiovisuales con el código ISAN.
Fundamental es también la aceptación por todas las partes de la necesidad de la inversión en producción cinematográfica y audiovisual, por lo que se requiere la continuación de esta política.
Para ello se hace necesario dotar con medios suficientes a RTVE y demás televisiones públicas y establecer un Pacto del Sector de la Producción independiente con los Grupos de Comunicación privados, que facilite la creación de industria y desarrollo de talento.
El apoyo a la distribución independiente hace necesario facilitar el acceso al crédito y a los beneficios fiscales bonificando la reinversión en el sector y considerando los gastos de lanzamiento una inversión y no un coste del proceso. Es importante también incentivar la promoción del producto final en el mercado.
Las conclusiones recuerdan que el Tribunal de Justicia de la UE ha desautorizado la reforma de la legislación española sobre la compensación por copia privada, declarándola contraria al Derecho Comunitario.
Esto obliga «a volver a un sistema racional y coherente de compensación privada fuera de los presupuestos del Estado» y garantizar a los titulares de las obras, como antes de la reforma, «la adecuada compensación por todas las copias privadas cuya realización no es posible controlar».
Se exige el respeto a los derechos del sector por parte de los usuarios y no escudarse en la falta de transparencia de las entidades de gestión, «que se utiliza a menudo por los usuarios de los derechos como excusa para no respetar la legislación de propiedad intelectual».
En su undécimo punto se propone un Pacto con el Sector Audiovisual, que agrupe a Academias de Cine y TV, Asociaciones de productores y de profesionales, Asociaciones de Cadenas de TV, Entidades de Gestión de la Propiedad Intelectual y otras entidades relacionadas que contribuya al desarrollo integral de la industria de la creación en España.
Las conclusiones finalizan señalando que aunque mejorable, la lucha contra la piratería es aceptable «y el Estado debe exigir su cumplimiento», ya que somos el país de nuestro entorno en el que menos páginas se cierran.
En opinión de Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, estamos en un momento clave para nuestra industria y fundamental para la cultura y la economía de nuestro país.
En una producción audiovisual «hay una gran cadena industrial a proteger y fomentar adecuadamente y lamentable y desgraciadamente no lo está».
Para ello, es necesario un gran pacto de Estado. «Es época de pactos constructivos y la cultura no debe ser ajena a ellos»; si no se hacen se seguirá destrozando el conocimiento y el talento de los creadores «y sobre todo el tiempo de todos».
Cerezo, quien reclamó la existencia de un Ministerio de Cultura, cree que no solo es un asunto económico o industrial «es un asunto de justicia social» y por ello hay que reclamar un impulso y unas políticas eficaces de apoyo a la industria cultural sin partidismos y sin utilizaciones políticas.
José María Otero lamentó que la política no haya estado en el corazón de la política, expuso la necesidad de que exista una seguridad en el empleo, como ocurre en otros países europeos, y animó al cine, «a que vuelva a coger el estandarte y luche por un verdadero pacto por la cultura».