Miércoles 12/12/2018.

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FACUA rechaza la enmienda a la Ley Sinde que propone el cierre de webs sin autorización judicial

FACUA-Consumidores en Acción ha expresado su rechazo a la enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como Ley Sinde, que propone el cierre de páginas web sin la necesidad de autorización judicial previa.

El texto registrado por el PSOE, junto con PP y Ciudadanos, en el Congreso presenta una enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual en la que se propone que el cierre de páginas web que hayan incumplido de forma reiterada esta norma no requiera de una autorización judicial.

El nuevo texto indica que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".

Esta medida supondría dejar en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, la conocida como Comisión SINDE, el cierre de estas páginas. Es decir, de un órgano ejecutivo y no de uno judicial. En este sentido, la asociación considera que esta medida supone un "retroceso en materia de libertad de expresión", ya que deja en manos de una comisión administrativa la clausura de una página, como ha explicado en un comunicado.

FACUA se suma a las diferentes organizaciones y expertos en el ámbito de derechos de autor que han alertado sobre la pérdida de libertades que puede suponer la enmienda. Así, David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual, ha explicado que "en el momento en que es ese órgano quien decide qué es una infracción, cuándo estaremos ante una reiteración y cuándo ante una reanudación de la infracción, resulta evidente que serán ellos mismos quienes decidirán unilateralmente estar en el supuesto denominado como grave, que les permite saltarse el control judicial".

De igual forma, el abogado experto en propiedad intelectual Javier de la Cueva ha señalado que la enmienda supone "dotar a la administración de una potestad totalmente arbitraria, esta vez suprimiendo totalmente la autorización judicial. Basta con calificar unilateralmente la presunta infracción como reiterada para que el procedimiento aplicable prescinda de dicha autorización".

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