El exfiscal salvadoreño Luis Martínez y otros nueve imputados por delitos de corrupción serán puestos en libertad condicional, después de que sean pagadas las fianzas que hoy les ha impuesto la juez del caso, Evelyn Jiménez, al término de la audiencia inicial, que comenzó el pasado viernes.
La medida, que se mantendrá, al menos, hasta que se celebre la audiencia preliminar, incluye «no salir del país, no modificar lugar de residencia y presentarse a firmar a juzgado», además de abonar la cuantía impuesta por Jiménez a cada uno de ellos y que oscila entre los 5.000 y los 20.000 dólares.
A los imputados, detenidos esta semana, se les atribuyen los delitos de falsedad ideológica, omisión en la investigación, fraude procesal y cohecho; a Martínez se le acusa, además, de divulgación de material reservado.
Los abogados de los acusados, quienes han pedido a la juez que «otorgue libertad inmediata a los imputados, hoy mismo», con el compromiso de que «mañana pagarán las fianzas», se han mostrado «satisfechos y contentos» con la resolución de esta primera fase del proceso.
Por su parte, la representación fiscal aseguró que apelará la resolución, ya que no comparten las medidas impuestas por la juez, porque «no actuó a la altura del caso».
«Es el momento de investigar todas las irregularidades en el sistema judicial. No descartamos que investigaremos a la jueza», señaló uno de los fiscales, cuya identidad no puede ser facilitada por razones de seguridad.
La audiencia inicial del proceso que enfrentan el exfiscal general de El Salvador Luis Martínez, el empresario Enrique Rais y otros nueve imputados, se prolongó durante 29 horas entre el viernes y el sábado pasados y la madrugada de este domingo; la resolución fue leída esta misma tarde.
El exfiscal, quien encabezó la Fiscalía de 2012 a 2015, fue detenido el día 22, horas después de ser capturado el exdirector de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General, Julio Arriaza, excolaborador de Martínez y acusado también de fraude procesal.
Con los delitos que se les imputan a Martínez y Arriaza, se relaciona, además, el empresario salvadoreño Enrique Rais, quien supuestamente se vio «favorecido» por estos hechos, según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
El extitular del ente fue arrestado tras presentarse a la FGR, donde le informaron, oficialmente, de los cargos que pesan contra él; posteriormente fue esposado y trasladado a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).
A su llegada a la Fiscalía y preguntado por la prensa sobre la razón por la que se encontraba allí, se limitó a responder: «no sé, yo vengo solo».
Martínez fue multado el pasado mes de julio por los magistrados del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), con el pago de 8.964 dólares, por violación de la ley al «aceptar dádivas a cambio de favorecer a Rais», según señaló la sentencia del tribunal.
Por otra parte, Julio Arriaza, acusado de cohecho por presuntamente haber colaborado con Martínez en la comisión de los ilícitos en favor de Rais, tenía orden administrativa de captura, hecha efectiva por la FGR.
Rais, a quien se le imputan los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal, es un empresario salvadoreño con inversiones en diversas ramas, pero dedicado fundamentalmente a la minería.