Sábado 10/12/2016.

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Emilio y Jaime Botín y sus hijos podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel

De confirmarse su culpabilidad, perderían también el requisito de honorabilidad para dirigir entidades de crédito
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El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y cinco de sus hijos, así como su hermano Jaime Botín y sus respectivos cinco hijos, podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel si se confirma que cometieron delito fiscal en el caso de las cuentas suizas del HSBC, según indicaron a Europa Press fuentes de los inspectores de Hacienda.

Además, en el caso de que exista sentencia firme condenatoria contra Botín y sus familiares, éstos perderían el requisito de honorabilidad para dirigir entidades de crédito, lo que afectaría directamente tanto a Emilio Botín como a su hija Ana Patricia Botín, presidenta de la filial británica del Santander.

Además de la posible pena de prisión, podrían hacer frente a una multa hasta seis veces superior a la cuantía defraudada. La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados "testaferros", o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín Sanz de Sautuola y sus cinco hijos, así como contra su hermano Jaime Botín Sanz de Sautuola y sus respectivos cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental entre 2005 y 2009.

Tras destaparse el caso en mayo de 2010, la Agencia Tributaria abrió un plazo para que los titulares de estas cuentas regularizaran su situación con el fisco. Tras este requerimiento, los denunciados procedieron a la presentación de declaraciones de 2005 a 2009, en la mayor parte complementarias de las previamente presentadas en el plazo voluntario de la declaración.

FALTA DE VERACIDAD.

Sin embargo, la Agencia Tributaria sospecha que estas declaraciones complementarias no son totalmente "veraces, completas y espontáneas", por lo que ha remitido toda la información a la Fiscalía Anticorrupción para que dirima si procede o no una "excusa absolutoria" del delito fiscal.

Fuentes de la investigación explicaron a Europa Press que los denunciados han satisfecho el pago de impuestos de los intereses generados por las cuentas en el periodo requerido (2005-2009), pero no han podido demostrar documentalmente la procedencia del dinero depositado en las mismas ni si las imposiciones en la citada cuenta, titularidad del padre de Emilio Botín, se realizaron hace varias décadas. De ser así, el posible delito habría prescrito.

El caso se inició en mayo de 2010, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.

Con esta información en su poder, la Agencia Tributaria concedió un plazo a los titulares de dichas cuentas para que regularizaran de forma voluntaria su situación con el fisco, lo que conllevó recargos y sanciones de hasta el 20% de la cantidad defraudada, y permitió a Hacienda recaudar 260 millones de euros.

EL CONGRESO RECHAZÓ PUBLICAR LA LISTA DE DENUNCIADOS.

Posteriormente, los titulares de estas cuentas que no presentaron las autoliquidaciones del IRPF y/o del Impuesto de Patrimonio en este plazo voluntario (alrededor de 659 contribuyentes), fueron requeridos por la Agencia Tributaria en septiembre de 2010 con la finalidad de iniciar el procedimiento inspector. Tras dicho procedimiento de inspección, Hacienda envió a la Fiscalía los casos que consideró constitutivos de delito.

Precisamente hace un par de días, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó, con los votos de PSOE, PP, CiU y PNV, una moción de ICV que planteaba hacer público el listado de los denunciados por las cuentas suizas del HSBC.

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