Domingo 22/10/2017.

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El Congreso brasileño debate el trámite de la denuncia a Temer, que busca abogado

La cámara baja de Brasil comenzó a debatir hoy el trámite que se seguirá con la nueva denuncia por corrupción contra el presidente del país, Michel Temer, quien busca abogado tras la renuncia de su defensor por un "conflicto de intereses".
  • El Congreso discute el trámite de la denuncia contra Temer, que busca abogado EFE

La cámara baja de Brasil comenzó a debatir hoy el trámite que se seguirá con la nueva denuncia por corrupción contra el presidente del país, Michel Temer, quien busca abogado tras la renuncia de su defensor por un "conflicto de intereses".

Los cargos por supuesta obstrucción a la justicia y asociación ilícita que la Fiscalía formuló contra Temer llegaron a la Cámara de Diputados desde la Corte Suprema, que por reglas constitucionales necesita el aval parlamentario para decidir si la denuncia procede.

El primer paso del engorroso trámite de esa acusación será en la Comisión de Constitución y Justicia de la cámara baja, que tendrá un plazo de hasta quince sesiones para analizar el caso, escuchar a la defensa de Temer y elaborar un informe para remitir al pleno.

El presidente de esa comisión, Rodrigo Pacheco, anunció hoy que pretende convocar la primera sesión para el próximo martes, cuando deberá ser elegido el diputado que actuará como instructor, un cargo clave, pues será responsable de la redacción del informe.

Pacheco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio Temer, aseguró que, pese al carácter político del trámite, no aceptará "presiones" y propondrá un diputado con un "perfil técnico" para evitar dudas en el proceso y garantizar tanto el análisis "jurídico" de los cargos como el derecho a la defensa.

En ese plano de los descargos, hoy se le presentó un problema al mandatario, pues el abogado Antonio Claudio Mariz, quien actuó hasta ahora en su defensa, anunció que deja el caso por haber trabajado para uno de los acusadores.

Mariz, amigo personal de Temer desde hace cuatro décadas, tomó esa decisión alegando un "conflicto de intereses", pues hasta mediados del año pasado defendía también a Lucio Funaro, un agente financiero detenido y que ha acusado al mandatario de incurrir en prácticas corruptas.

El letrado aclaró que permanecerá junto a Temer en calidad de "asesor" jurídico, pero explicó que su actuación anterior en favor de Funaro le impide continuar al frente de la defensa.

Tras este anuncio, Temer deberá nombrar un nuevo defensor, lo que, según dijeron a Efe fuentes oficiales, pretende hacer durante el fin de semana, cuando planea reunirse con Mariz y otros abogados que forman parte de su equipo.

Temer fue acusado por la Fiscalía General de supuesta obstrucción a la justicia y asociación ilícita, sobre la base de unos testimonios prestados por los dueños del grupo JBS, dentro de un acuerdo de cooperación judicial.

La Fiscalía se apoyó además en testimonios de Funaro, quien también señaló al mandatario de corrupción, aunque en su mayor parte sus acusaciones se refieren a hechos ocurridos antes del 12 de mayo del año pasado, cuando comenzó el juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia del país.

Según la Constitución brasileña, un dirigente en ejercicio sólo puede ser procesado penalmente con el aval de la Cámara de Diputados y siempre y cuando se trate de delitos supuestamente ocurridos durante su mandato.

Esas normas también establecen que aquellos hechos en que pueda haber incurrido un gobernante antes de asumir el cargo sólo podrán ser juzgados una vez que abandone el poder, lo que en el caso de Temer está previsto para el 1 de enero de 2019.

En junio pasado, la Fiscalía también acusó a Temer de corrupción pasiva sobre la base de los testimonios del grupo JBS, pero la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo mantiene una clara mayoría, negó la eventual apertura de juicio.

Para que la denuncia contra Temer puede ser analizada por el Supremo, es necesario el aval de al menos dos tercios del pleno de la cámara baja (342 votos).

En el caso de la primera acusación, 263 diputados se pronunciaron por archivarla, frente a los 227 que pidieron llevar al presidente a los tribunales.

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